Medida judicial deslegitima uso de arma por parte de Policía

El caso del policía Elvis Miranda, encarcelado por abatir a un presunto delincuente ha generado polémica e indignación en todo el país. Especialistas en materia penal y en seguridad consideran que el dictamen del juez David Sosa brinda un mensaje negativo a la población al deslegitimar a los policías en el uso de su arma, lo cual está reglamentado en el ordenamiento jurídico.

Señalan que el agente debe ser juzgado en libertad, como una autoridad que ha actuado según sus funciones, en el marco de la ley.

OPINIONES 

“No se ha tenido en cuenta que el fallecido era un delincuente, que era perseguido en flagrancia delictiva y que hizo el ademán de sacar un arma de su pantalón”, dijo Ramírez de La Cruz.

Señaló, además, que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben tener en cuenta el ataque que sufrió la comisaría de Tacalá y que el efectivo trasladó al aún herido en su patrullero, tal como lo dispone el protocolo.

“Esa testigo que ha referido que el policía disparó cuando el delincuente levantó su mano ha sido identificada como una de las que atacaron la comisaría”, manifestó el asesor legal.

Ramírez de la Cruz sostiene que el policía disparó tres veces al aire con la intención de que el delincuente se detuviera. “El agente no ha querido matarlo, quería disparar hacia las piernas, pero él no es un francotirador”, enfatizó.

ORDENAMIENTO 

“Se prevé que eventualmente podrá lesionar o dañar, si este daño se da en el ejercicio de su cargo cuidando el orden publico, el agente puede usar otras formas persuasivas para neutralizar el riesgo, siempre y cuando no nos encontremos en una situación en donde amerite defender su vida o la de otros”, indicó Vílchez.

Asimismo, enfatizó que un efectivo policial está legitimado para usar su armamento de acuerdo a un ordenamiento jurídico.

“Tenemos la idea de que si hay un muerto alguien tienen que ser responsable, pero no siempre es así porque puede ser por resultado de algo fortuito o por una circunstancia respaldada por el ordenamiento jurídico”, sostuvo el especialista en Derecho Penal.

Respecto a la medida de prisión preventiva, señaló que la regla dispone que los investigados sean procesados en libertad y que, excepcionalmente, se aplique la medida coercitiva.

“Se requiere de requisitos para aplicar la prisión preventiva, entre ellos los elementos de convicción, que la pena sea mayor a cuatro años, exista un peligro de fuga y obstaculización; en este caso podemos hallar reparo en que no hay peligro de fuga, pudieron haberle dado comparecencia restringida”, sostuvo.

Por último, Vílchez expresó que el mensaje de esta medida judicial es que el agente no puede hacer uso de su arma porque podría ir a la cárcel.

AUTORIDAD 

“El papel del Policía es proteger a la ciudadanía ante delincuentes armados, el policía en lugar de estar detenido debería estar en libertad y ser investigado por su institución, para conocer si ha hecho uso adecuado de los protocolos”, indicó Hackanson.

El especialista enfatiza que la Policía no es el enemigo ni los delincuentes son víctimas.

“El policía ha tenido una capacitación, no es un improvisado. Hay que presumir que hizo lo que tenía que hacer, si se mete a la cárcel a un efectivo que ha cumplido su función, hay un contrasentido”, agregó.

Mientras que, el exsubgerente de Seguridad Ciudadana, mayor (r), Luis Montenegro, indicó que la norma señala que así el delincuente no haga disparos, el policía puede neutralizarlo siempre y cuando tenga un arma.

“El policía ha acudido a un llamado, estaba de servicio, no buscaba matar al delincuente, debe llevar un proceso justo”, declaró Montenegro.

PRONUNCIAMIENTO 

“La libertad es el segundo bien protegido del Derecho, y la prisión preventiva debe ser utilizada como última ratio, para lo que fue ideada y no como regla general, existen otras medidas coercitivas a las que se puede recurrir”, se lee en el comunicado.

Además, ante el enfrentamiento de la opinión pública sobre la medida, piden se respete la autonomía de poderes de las instituciones.

No queda duda que la prisión preventiva dictada contra el suboficial Miranda, quien disparó contra un delincuente provocando su muerte ha generado polémica y debate.

Los piuranos han mostrado su indignación con la medida que avala la conducta de un delincuente en perjuicio del accionar de la institución policial.