PIiura: 20 funcionarios son investigados por la Fiscalía

Cerca de 20 funcionarios de las municipalidades de Sullana, Ignacio Escudero y El Alto (esta última de Talara), vienen siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana por presuntas irregularidades en la entrega de canastas y que, de hallarlos responsables, podrían ser sentenciados hasta 8 años de cárcel.

INVESTIGADOS

Según información proporcionada por la Fiscalía Anticorrupción, son cerca de 20 investigaciones a gerentes municipales, jefes de logísticas y encargados de Defensa Civil, así como otros que resulten responsables por la presunta mala entrega de canastas durante la emergencia por el coronavirus, decretada en nuestro país.

municipalidad de SULLANA. Los fiscales iniciaron investigación contra los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana que resulten responsables por la entrega de las canastas que no habrían sido donadas conforme lo establecido en el Decreto de Urgencia 033-2020, ni de acuerdo a la guía establecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, la Contraloría General de la República detectó presuntas deficiencias en el padrón de beneficiarios de las canastas de víveres para las familias vulnerables por parte de dicha comuna, que les habría entregado a quienes viven en casas de dos pisos y dueños de bodegas.

Según el informe 3041-2020-CG/GRPI-SCC encontró que, en el padrón de beneficiarios para la entrega de más de 6,000 canastas con víveres, la comuna no habría efectuado el filtro respectivo, ni habría verificado la situación de vulnerabilidad de cada familia beneficiaria.

Ante esto, la municipalidad de Sullana, a través de la gerencia de Desarrollo Social, señaló que la distribución de las canastas de víveres se realizó de acuerdo a las observaciones que presentó en su momento la Contraloría General de La República.

Detallaron que, ante la falta de una data actualizada de padrón de hogares vulnerables, se optó por sectorizar la ciudad con la participación activa de los secretarios generales, para determinar las zonas donde se encontraba la población en situación de pobreza.

“Todo se ha entregado con la mayor transparencia posible”, señalaron los funcionarios de la municipalidad de Sullana.

IGNACIO ESCUDERO

La Fiscalía Anticorrupción también abrió investigación contra los responsables en la entrega de canastas de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero. Por el momento, solicitaron información y pudieron identificar a algunos funcionarios, como los encargados de las áreas de Logística, Abastecimiento y Defensa Civil. Asimismo, al gerente municipal.

Asimismo, lograron recabar los padrones de las personas que fueron beneficiadas con dicha entrega. También, los investigados declararon vía videoconferencia ante los fiscales responsables de este caso.

Según informaron, las diligencias continuarán el próximo 8 de julio, donde el 40 por ciento del personal de las diferentes sedes fiscales de esta provincia, retornarán gradualmente a laborar y los fiscales acudirán hasta dicho distrito para recabar más pruebas.

el alto de talara. Asimismo, los representantes del Ministerio Público aperturaron investigación a los comprometidos en el reparto de canastas, donde según se supo, habría sido beneficiado un familiar de un regidor de la comuna distrital de El Alto de Talara.

Durante la emergencia, los fiscales solicitaron a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Paimas, en la provincia de Ayabaca, un informe detallado de los productos que conformaron la canasta de emergencia que entregaron a las familias más vulnerables de este distrito.

Esto debido a una denuncia de una presunta sobrevaloración de estos productos.

DELITOS DE PECULADO Y COLUSIÓN 

Según el resultado de las investigaciones de las denuncias que fueron recabadas mediante personas anónimas y redes sociales, los funcionarios, como gerentes municipales, que mayormente podrían estar involucrados por realizar las compras, y los que resulten responsables, se les iniciará un proceso por los presuntos delitos de peculado y colusión.

Por el primer delito y por la emergencia de la pandemia del coronavirus que fue decretada por el Gobierno Central, la pena sería hasta 8 años de prisión efectiva.

Mientras que, por colusión, dependiendo que, si hay perjuicio, los responsables podrían ir hasta 6 años a la cárcel.