11 candidatos al Congreso reportados por la Contraloría en la región Piura

Aspirantes a una curul figuran en informes finales del órgano de control que recomendó el inicio de acciones administrativas, civiles y penales cuando fueron funcionarios públicos en diversas instituciones del Estado. Especialistas recomiendan a electorado elegir bien.

Actualizado el 28/02/2021, 12:23 p. m.

De los 108 candidatos al Congreso de la República inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones por la región Piura para las próximas Elecciones Generales 2021, once fueron señalados por la Contraloría con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales, tras detectar supuestas irregularidades cuando ejercieron cargos públicos.

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Plataforma

En la plataforma virtual “En estas elecciones, tú tienes el control”, habilitado por la Contraloría General de la República, se detalla que once candidatos al Congreso de la República por Piura de seis partidos políticos, la mayoría de Alianza para el Progreso y Partido Democrático Somos Perú, fueron señalados con 1, 2, 3 y hasta 5 informes de control posterior (finales) con presuntas responsabilidad administrativa, civil y penal tras hallar presuntas irregularidades cuando trabajaron para una entidad del Estado peruano.

Según el portal, tres candidatos del partido Alianza para el Progreso; César Reyes Peña, César Augusto Correa Atoche y Adela Córdova Alcarazo, fueron señalados con cuatro, cinco y un informe de control posterior, respectivamente, donde el órgano de control recomendó el inicio de acciones administrativas, civiles y penales, de acuerdo a las presuntas irregularidades halladas durante las auditorías.

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Del mismo modo, los candidatos Wilmar Elera García, José Bernardo Pazo Nunura y Yimy Enrique Granda Marchán, del Partido Democrático Somos Perú, fueron incluidos en informes de control posterior por la Contraloría tras el hallazgo de presuntas irregularidades, siendo Elera García el postulante con mayor cantidad de informes.

Mientras que los aspirantes a una curul al Congreso: Vladimir Crisanto Plasencia, del Partido Juntos por el Perú, fue señalado por el órgano de control hasta en cuatro informes; le sigue Dudley Martínez Gómez, del Partido Victoria Nacional, con tres informes; Evita Ojeda Celi, de Fuerza Popular (1), José Rodríguez Sánchez de Podemos Perú (1) e Isabel Najarro Huapaya de Renovación Nacional (1).

El contralor Nelson Shack, hace unos días, detalló que la plataforma virtual fue habilitada para que los electores se informen sobre sus candidatos.

“De los más de 2,800 candidatos para las Elecciones Generales 2021, hay casi 500 que tienen registros en la Contraloría y de estos, hay más de 260 que no han cumplido plenamente con la presentación de esta Declaración Jurada. Además, hay más de 180 comprendidos en informes de control con presuntas responsabilidades a nivel administrativo, civil y penal”, acotó.

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Acciones

Al respecto, la especialista en Gestión Pública y docente de la UDEP, Juana Huaco García, enfatizó que para erradicar a los candidatos con antecedentes de presuntas irregularidades o actos de corrupción se deben cambiar las prácticas realizadas en elecciones pasadas comenzando con mejorar los filtros que tienen los movimientos políticos en la elección de sus candidatos.

Asimismo, dijo que se debe eliminar las acciones que realizan muchos de los candidatos, quienes actúan con falta de transparencia al ocultar muchas veces los procesos en su haber debido a que aún no cuentan con sentencias y finalmente los electores deben análisis a su candidato utilizando las herramientas tecnológicas y virtuales, porque estos últimos son los que elegirán a los próximos padres de la Patria.

“Es responsabilidad de los movimientos poner a gente que ayude y de ejemplo para cambiar el manejo del Congreso que priorizan los intereses políticos olvidándose de la comunidad; mientras que los candidatos que cuentan con procesos, por decencia personal, deben dar un paso al costado, pese a que dentro de sus argumentos estén que todavía no tienen una sentencia en su contra y los electores deben informarse más. Siempre fallamos en estos tres niveles, y tenemos que cambiar porque si no nunca va mejorar la política en el país”, mencionó.

Añadió que los servidores públicos que son elegidos por voto popular deben volcar su trabajo en favor de la comunidad y no velar por sus intereses políticos; además de contar con un respaldo educativo en su currículum porque finalmente son los que van a definir las leyes que va a legislar en el país. “Actualmente hay congresistas que están dando leyes que desde que se plantean, el Ejecutivo las rechaza, termina en el Tribunal Constitucional, también las rechaza, y se pierde tiempo y dinero”, agregó.

En tanto, el abogado Percy Ipanaqué, precisó que si bien es cierto la modificatoria de la norma indica que los candidatos que tienen investigaciones o procesos judiciales no tienen ningún tipo de inmunidad como antes lo tenían, y continuarán siendo investigados debiendo comparecer ante un juzgado cuando este lo disponga; sin embargo, muchos de los candidatos posteriormente elegidos buscan llegar al Congreso para usar su poder y aprovecharse indebidamente para lograr impunidad.

“Si bien es cierto, la norma les permite postular a estos candidatos pese a tener investigaciones en curso ya sea a nivel de Contraloría con informes finales, fiscales y judiciales a quienes corresponde actuar es a la población, quienes deben rechazarlos rotundamente porque no son una garantía para legislar”, dijo.

Ipanaqué añadió que para eliminar a los candidatos con investigaciones, el Poder Judicial a través de los juzgados deben acelerar los procesos teniendo en cuenta que determinará su culpabilidad o inocencia y de esta manera el elector pueda determinar su voto por candidatos idóneos. “Justicia que tarda no es justicia. El Poder Judicial retarda estos procesos”, acotó.