El presidente del directorio del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) y asesor del Gobierno Regional de Piura, Carlo Bertini Hurtado, aprobó la exoneración de doce actividades de prevención del 2015, trabajos que fueron ejecutados por la empresa Servicios Generales Viviana E.I.R.L. y que, en algunos casos, han sido observados por la Contraloría General de la República.

proceso. En el 2015, la región fue declarada en emergencia por peligro inminente ante el Fenómeno de El Niño.

De esta manera, el 2 de octubre de ese año, el Ministerio de Agricultura (Minagri) firmó un convenio con el Gobierno Regional de Piura para transferirle S/20’000,000 a su presupuesto, correspondiente a una primera remesa, para la ejecución de actividades de mitigación.

Cuatro días después, Bertini -quien fue nombrado el 1 de setiembre de 2015 como presidente del directorio del PECHP- aprobó en sesión N°19, elevar los expedientes correspondientes a doce actividades de prevención para que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura autorice la contratación de una empresa bajo la modalidad de exoneración; es decir, sin realizar los procesos de selección. Es así como logran que el Consejo Regional, mediante acuerdo N°1182-2015, declare procedente la exoneración de dichos trabajos.

El 12 de octubre, el gobierno regional autoriza la incorporación de los S/20’000,000 a su Presupuesto Institucional para poder iniciar los trabajos de prevención, pero dos días después, por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informa que las actividades deben ser ejecutadas por la sede central, a través de sus propias dependencias y funcionarios autorizados, porque el PECHP no estaba legalmente facultado para gastar el dinero transferido por ser un proyecto de inversión.

Es allí cuando el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, decide distribuir el presupuesto transferido a las unidades ejecutoras Sede Central, y las subregiones Luciano Castillo Colonna y Morropón - Huancabamba para la ejecución de las actividades; sin embargo, designa al gerente general del PECHP, Juan Silva, como responsable de la parte operativa, acciones de monitoreo, seguimiento y supervisión de los trabajos (resolución ejecutiva N°614-2015).

De esa manera, el PECHP realiza el proceso de exoneración de los servicios y le otorga la ejecución de los trabajos a la empresa Servicios Generales Viviana E.I.R.L., firma que ha ejecutado 40 actividades de descolmatación entre el 2015 y 2016: 24 para el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura, y 16 para el Gobierno Regional de Piura. Solo en esos dos años, Viviana EIRL ha facturado S/182’594,959.

MÁS EXONERACIONES. Este año, el Gobierno Regional de Piura ha destinado una pequeña parte de sus recursos para atender la emergencia por el Niño Costero.

Es por ello que en marzo pasado firmaron cinco contratos mediante exoneración, valorizados en S/5’206,225, pero cuyo proceso requiere de su regularización por el pleno del Consejo Regional. Sin embargo, han sido observados por carecer de sustento.

El informe técnico y legal emitido por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, a cargo de Eduardo Arbulú; y asesoría jurídica del gobierno regional incluye la descolmatación de puntos críticos del dren troncal 1308, en el asentamiento humano La Primavera, actividad que es ejecutada por la empresa Compac maquinaria SAC. por un costo S/1’387,808, que inició el 30 de marzo y que concluye aún el 30 de abril.

También requiere de regularización los trabajos de conformación del dique y protección de la ribera del río Piura por inundación en el sector de Castilla. Dichos trabajos son ejecutados por la empresa Rodema, cuyo costo es de S/1’162,462. También iniciaron el 30 de marzo y culminan el 30 de abril.

“En el caso del dren 1308 y de la conformación del dique en Castilla, se supone que los trabajos de mitigación se realizan antes de las lluvias, no cuando el río ya se ha desbordado. Cómo se va a sustentar una actividad por exoneración si aún no se termina de ejecutar”, criticó el consejero Óscar Echegaray.

Otros trabajos como la conformación del terraplen para viviendas afectadas en el asentamiento humano 3 de enero, en Sechura, ejecutado por la empresa Transportes Livitu, por S/160,683; y la habilitación de un albergue para damnificados en kilómetro 980, carretera Piura- Chiclayo, ejecutado por Hanrry Contratistas Generales por S/2’180,179; y alquiler de maquinaria para bombeo por succión de aguas pluviales y alquiler de cisternas para el distrito de Castilla, Piura y Catacaos, por un monto S/229’400,000 requieren de regularización

“Los informes técnicos no señalan estudios de mercado, por qué a estas empresas se les otorgó la buena pro, tampoco tenemos los términos de referencia. En el caso de los trabajos de construcción del albergue se utilizó S/1’700,264 para la nivelación de tierra y lo demás para la instalación de una plataforma e infraestructura de uso múltiple, pero me pregunto si se ha hecho. Dudo mucho que los montos se ajusten realmente a lo ejecutado”, agregó Echegaray.

Precisamente hoy, el Consejo Regional evaluará la aprobación de la regulación de dichos procesos.

Aunque sean aprobados o denegados, dichas actividades serán incluidas dentro de la investigación que abrió la comisión especial. “Resulta raro porque deberían ser actividades inmediatas, cómo van a ejecutarse actividades que terminan en mayo”, cuestionó.