Con una importante participación ciudadana, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, presidida por el congresista Manuel García Correa, llevó a cabo la III Audiencia Pública Descentralizada en Piura, donde se recogieron diversos reclamos sobre la atención en los servicios de salud en la región.

El evento, desarrollado en el Auditorio del Colegio Médico de Piura, permitió que ciudadanos, estudiantes de carreras relacionadas con la salud, representantes de asociaciones de pacientes y usuarios de los centros de salud expusieran sus preocupaciones ante la presencia de las autoridades competentes. Entre los principales problemas señalados destacaron la falta de equipamiento en hospitales, la escasez de medicamentos esenciales, la falta de accesibilidad para personas con discapacidad y deficiencias en la infraestructura de los establecimientos de salud.

El congresista Manuel García Correa resaltó la importancia de estos espacios de diálogo y fiscalización, donde se pueden identificar las principales dificultades que enfrentan los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. “Hemos escuchado cada uno de los pedidos y nuestra labor será trasladarlos a las instituciones correspondientes para que se adopten las medidas necesarias que permitan mejorar la atención en salud, no solo en Piura, sino a nivel nacional”, afirmó.

Entre los pedidos más recurrentes de la ciudadanía destacaron la necesidad de acelerar la implementación del servicio de tomografías en el Hospital Santa Rosa, la urgencia de garantizar el abastecimiento del Factor VIII para pacientes con hemofilia, la correcta identificación del personal médico y la mejora en la infraestructura y servicios higiénicos de los establecimientos de salud. Asimismo, se denunció la falta de empatía en la atención médica, la falta de acceso al libro de reclamaciones y la venta irregular de medicamentos dentro de los centros de salud.

La Comisión de Defensa del Consumidor reafirma su compromiso con la fiscalización de los servicios públicos y continuará promoviendo estos espacios de participación ciudadana para garantizar que los derechos de los usuarios sean protegidos.