La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de El Arenal, en Paita, no entregó a tiempo la información sobre un proveedor que contrató con el Estado, a pesar de estar impedido por ley. Esta omisión impidió que el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) pudiera sancionarlo y derivó al archivamiento del procedimiento sancionador.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior Nº036-2026-2-0453-AOP, el Órgano de Control Institucional (OCI) identificó la irregularidad al respecto.

“La entidad (Municipalidad de El Arenal) no atendió los requerimientos de información efectuados por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) del OECE, necesarios para resolver procedimientos sancionadores, lo que derivó en el archivamiento de los mismos, situación que afectó el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado”, indica el informe.

Advirtieron que, contrariamente al mandato legal, el Tribunal de Contrataciones del Estado del OECE (Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes) notificó a la Contraloría sobre cuatro resoluciones en las cuales declaró “no ha lugar” a la imposición de sanciones contra el proveedor Selso Saavedra Benites.

Todas estas resoluciones se fundamentaron por la omisión por parte de la Municipalidad El Arenal en la entrega de la información o documentación requerida en el marco del desarrollo de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de contratación pública iniciados al citado proveedor.

Esta situación impidió que dicho órgano sancionador pudiera acreditar los elementos suficientes sobre la infracción cometida y, por ende, atribuir la responsabilidad correspondiente, por la comisión de dicha infracción.

“Existen cuatro expedientes de procedimientos administrativos sancionadores en contra del proveedor Selso Martín Saavedra Benites, por la presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido por ley, en el marco de contrataciones menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, señala el documento de la Contraloría.

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Tras ello, para determinar la responsabilidad del proveedor, el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador requirió en cuatro oportunidades a la Municipalidad de El Arenal, la información sobre las órdenes de servicio y su acreditación de ejecución. La comuna debía remitirla en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con los documentos obrantes en el expediente.

LA MUNICIPALIDAD. Al respecto, el alcalde distrital de El Arenal, Paita, Jhordan Fernández, se pronunció: “Encantado de que esclarezcan las cosas como debe ser. Que se consulte con ambas partes y luego la población saque sus conclusiones”, señaló la autoridad edil a diario Correo tras el informe emitido por la Contraloría General de la República.