El juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Rafael Martínez Vargas, condenó a cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Castilla y al representante legal del Consorcio H&B, por el delito de colusión agravada cometidos durante el trámite y pago de valorizaciones de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla–Piura”.

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Los cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Castilla trabajaron en la gestión de la exalcaldesa Violeta Ruesta de Herrera. En la sentencia condenatoria se impone cinco años de pena privativa de la libertad efectiva para José Castro Pisfil, en su condición de gerente de Desarrollo Urbano.

Asimismo, el magistrado sentenció a seis años de cárcel efectiva a los exfuncionarios municipales Gloria Clavijo O. y César Reátegui G., y al empresario Edwar Barboza Nieto. En tanto, el también exmunicipal Flavio Vega D. recibió una condena de seis años de pena privativa de la libertad suspendida, bajo un periodo de prueba de cuatro años sujeto a reglas de conducta.

Según el Juzgado, el caso concluyó en que los funcionarios, quienes participaron en el trámite y pago de valorizaciones de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua Potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla – Piura”, incumplieron con sus obligaciones, favoreciendo de esa manera al Consorcio H&B, pues se le pagó por tramos de la obra que no se habían ejecutado y en otros supuestos se le pagó por ítems diferentes a los contemplados en el expediente técnico.

Además de las penas privativas de la libertad dictadas contra los procesados, la resolución del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Piura dispone que los sentenciados deberán abonar, de manera solidaria, una reparación civil de S/ 1′433,400.

Este millonario monto, que vincula tanto a los exfuncionarios municipales como al representante legal del consorcio, tiene como finalidad resarcir el perjuicio económico directo ocasionado a los fondos del Estado.

Las presuntas irregularidades se presentaron en el año 2014, en la gestión de la exalcaldesa Violeta Ruesta.