La Contraloría General a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Morropón, advirtió pagos por trabajos inconclusos y retrasos en la obra de recuperación de la infraestructura, dotación de mobiliario y equipamiento de la Institución Educativa N° 20037 “Santísima Cruz” del distrito de Chulucanas, cuya inversión supera los S/ 17 millones, por lo que solicitó a la comuna la pronta adopción de acciones para cautelar los recursos públicos.
De acuerdo con el Informe de Hito de Control N°008-2022-OCI/0452-SCC, la entidad pagó parte de un adicional la suma de S/ 224 664.59, pese a que la partida no se encontraba ejecutada en su totalidad, lo que genera el riesgo de perjuicio económico, incumplimiento del plazo contractual y la inaplicación de penalidad.
VER MÁS: Piura: Contraloría descubre cartas fianzas por más de S/ 2.1 millones sin aval
Durante la visita realizada, los auditores constataron que no se había culminado la instalación del fierro de protección a lo largo de un pabellón. Sin embargo, el supervisor de la obra dio cuenta que el avance llegaba al 100%.
Asimismo, se verificó que en otras partidas pagadas correspondiente a la valoración n.° 12 se reportaban trabajos inconclusos, como la referida a relleno y nivelación de terreno, tarrajeo del cerco perimétrico, ejecución de rampa, vereda y gradería, colocación de cubiertas en pabellones, instalación de bisagras, servicio higiénico sin instalación de cerámica ni equipamiento sanitario, entre otras que son detallados en el informe.
TAMBIÉN PUEDE LEER: Vecinos de Piura denuncian deficiencias en obra de pistas y veredas
La comisión de control evidenció que el contratista continuó ejecutando trabajos durante la suspensión de plazo que fue aprobado el 19 de agosto de 2022 (hasta el 14 de setiembre) por la causal de no haberse emitido la respectiva certificación presupuestal de un segundo adicional.
De otro lado, se advierten retrasos para la culminación de la obra, ya que inició el 19 de octubre del año pasado y debió finalizar en 180 días calendarios, sin embargo, con las ampliaciones de plazo y la suspensión se modificó la fecha hasta setiembre último.
Otra situación advertida es que el supervisor realizaba funciones de residente de forma paralela en una obra de otra municipalidad. Esta situación genera el riesgo que durante el proceso constructivo no se cumpla con un control y seguimiento adecuado. Además, se verificó un inadecuado almacenamiento de materiales.