Han pasado más de cuatro años y los miles de damnificados apostados en los albergues de los kilómetros 975, 978 y 980, cuyas viviendas fueron inundadas por el desborde del río Piura, poco o nada ven del avance de la construcción de los módulos de vivienda, trabajos de saneamiento, agua y energía eléctrica que el Gobierno les prometió, y continúan viviendo en medio de arenales y de un conflicto con la empresa privada por la titularidad de los terrenos que habitan.
En el informe final de la Comisión de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción del Congreso el avance de ejecución presupuestal acumulado (2017- julio del 2021), es de 47.73%.
VISITA
Ayer cinco de los siete congresistas junto con el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, se reunieron en el albergue Santa Rosa apostados en el kilómetro 980, donde se informó sobre la entrega de 13.5 hectáreas donados por la empresa Santa Regina para la construcción de módulos de viviendas.
El burgomaestre, Juan José Díaz, dijo que se busca urbanizar dicha zona con viviendas dignas para ello se coordinará con el Ministerio de Vivienda para obtener los fondos necesarios para la construcción de pistas y veredas, además de los servicios básicos. Además se plantea llevar el proyecto en un máximo de dos semanas al pleno para llegar a la habilitación urbana.
RECLAMOS
En medio de la reunión de las autoridades, un grupo de dirigentes de otros siete sectores del kilómetro 980 mostraron su molestia, debido a que según señalaron no se está atendiendo la problemática global de todos los albergues, que a más de cuatro años del fenómeno del Niño Costero continúan viviendo en el abandono total.
“El clamor es de todos, se están concentrando en un solo pueblo (Santa Rosa) acá somos ocho sectores que conforman el kilómetro 980 que son Santa Rosa, Cristo Viene, Túpac Amaru I, II y III, Eleuterio Cisneros, San Martín y Jesús de Nazaret. A cuatro años seguimos acá sin ningún avance. Se debió exponer la problemática de todos”, dijo el dirigente del sector Cristo Viene, Francisco Morante Vílchez.
CONFLICTO
Según el dirigente, existen acuerdos firmados con la empresa Keheda, que según señalan no vienen siendo cumplidos en lo que respecta al área de posesión. “Los pobladores se encuentren en medio de la incertidumbre porque no hay nada concreto. La empresa ha inscrito a su nombre en Registros Públicos todo el terreno donde se va a realizar el proyecto, y si es así es fácil darnos o no los terrenos, por ello no podemos avanzar el saneamiento físico legal”, dijo Morante Vílchez.
La dirigente del sector Túpac Amaru III, Pascuala Zapata Chiroque, dijo que dicho sector vive la misma situación con la empresa Keheda.
Por su parte, el dirigente Félix Yovera sostuvo que las 13.5 hectáreas entregadas por la empresa privada solo permitirá atender a una parte de los damnificados del albergue Santa Rosa, ya que otro grupo también mantiene la misma problemática con la empresa Keheda.
“Es la primera parte (13.5 hectáreas) que están entregando con documento legal a través de un notario a la municipalidad, para ello se trabajó mediante la concertación con la empresa Santa Regina que está entregando esta primera parte. Luego más de 150 hectáreas están todavía en problemas con la empresa Keheda ya que se está reduciendo la posesión y se está variando la ubicación”, puntualizó.
Yovera calificó como desastroso del avance del proceso de reconstrucción con lo que respecta a los damnificados apostados en los diferentes albergues, ya que según detalló, existe el presupuesto para diferentes proyectos como agua potable, alcantarillado y módulos, pero no se pueden ejecutar debido al conflicto con la empresa Keheda.
Hace unos meses, el ingeniero Freddy Castro Ramos, representante de la empresa Keheda, sostuvo que no se estaban realizando la reubicación de las familias, sino el reordenamiento de las viviendas. “Los lotes inscritos en Registros Públicos no están situados en donde ellos están posesionados. Incurriríamos en una falta al construir un módulo donde no corresponde”, refirió.
Castro dijo que en el proyecto comprende 80 hectáreas, más no la liberación de las 180 hectáreas de terreno que pide la población ya que no está dentro del convenio.