Se detectó la firma de una irregular adenda entre el Gobierno Regional y el consorcio Hospital Piura, que pondría en riesgo el equilibrio económico del proyecto.
Se detectó la firma de una irregular adenda entre el Gobierno Regional y el consorcio Hospital Piura, que pondría en riesgo el equilibrio económico del proyecto.

La construcción del hospital Jesús Guerrero Cruz, en la provincia de , por más de 97 millones de soles, está en la mira de la Contraloría por situaciones adversas que ponen en riesgo el funcionamiento del nosocomio en el plazo previsto.

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Informe

Mediante el informe de hito de control N° 9979-2021, se detectó la firma de una irregular adenda entre el Gobierno Regional y el consorcio Hospital Piura, que pondría en riesgo el equilibrio económico del proyecto.

El consorcio está integrado por las empresas Assignia Infraestructura SA, Constructora Mediterráneo SAC, Mantenimiento, Construcción y Proyectos Generales, GOC SA y Dextre + Morimoto Arquitectos SAC.

La adenda se refiere al pago de valorizaciones por el equipamiento del futuro nosocomio, ya que, en lugar de efectuarse el desembolso con los equipos instalados en la obra, se abonará entre el 70% y 80% de la valorización cuando los equipos estén en un almacén de Lima y Callao.

El saldo restante se abonará con los equipos en el campo de trabajo. Para la comisión de auditores de la Contraloría, este hecho atenta contra el equilibrio financiero del proyecto.

“Los pagos efectuados por la entidad debían realizarse ante la presentación de valorizaciones que muestren el avance real mensual ejecutado por el contratista, tal y como lo establece la norma de contrataciones en su artículo 197”, refiere el hito de control.

Además, se atenta con el equilibrio financiero, porque el Gobierno Regional ya canceló el 40% al consorcio Hospital Piura, que incluiría el monto por el equipamiento del nosocomio de la provincia de Huancabamba.

“Es importante señalar que la entidad ha cancelado al Consorcio Hospital Piura, el 40% por adelanto de materiales, es decir la entidad ya desembolsó en su oportunidad los montos para la adquisición del equipamiento”, señala la comisión de auditores.

De otro lado, la adenda suscrita va en contra de la normativa vigente que regula el tipo de contrato suscrito en el 2015 y que era a suma alzada y llave en mano.

“La entidad suscribió una adenda que modifica las condiciones contractuales en relación al pago del equipamiento, el cual ya no se efectuará valorizando cuando se encuentre en obra, instalado y puesto en marcha, sino que se realizará (en un mayor porcentaje) una vez puestos en un almacén de Lima o Callao”, precisa el documento.

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Concluye informe

De esta manera, concluye el informe, se pone en riesgo el equilibrio financiero del contrato, afectando los intereses de la entidad.

Es preciso indicar que el cambio del contrato fue propuesto por el consorcio, argumentando problemas para la adquisición del equipamiento médico por las actuales condiciones de la pandemia.

“En los últimos meses existe una serie de restricciones para el desarrollo de actividades económicas en diferentes países, por lo que la oferta de equipos y materiales médicos, ha decrecido. Como consecuencias de esta situación de escasez, los proveedores de equipos y materiales han variado las condiciones comerciales de venta y ahora exigen que los pagos se realicen por adelantado y con una anticipación mayor a 9 meses a fin de que el cliente ingrese en la lista de pedidos”, se lee en un oficio dirigido por la contratista hacia el Gobierno Regional.

Al final, la entidad cedió y suscribió la adenda pese a los riesgos que implicaba.

En otro punto del informe de control se advierte que personal clave del consorcio de la supervisión no estaba en obra durante la visita del personal de Contraloría.

En su visita del 16 de febrero no se halló a los profesionales Roger Ipanaqué (especialista de estructuras), César Quintanilla (especialista en instalaciones sanitarias), José Chilón (especialista en instalaciones eléctricas), Antonio Velasco (especialista en equipamiento médico) y Rick Calle (especialista en geotécnica y suelos).

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Este personal figura en el staff de profesionales que propuso el consorcio de supervisión para ganar el concurso público.

Los auditores mostraron su preocupación por el especialista de instalaciones eléctricas y sanitarias ya que, al momento de la visita de inspección, la contratista ejecutaba este tipo de trabajos.

Se trataba de trabajos de colocación de tuberías de agua fría, redes de distribución y drenaje pluvial, colocación de interruptores, tomacorrientes y ductos de aire acondicionado.

“La ausencia de los profesionales pone en riesgo el buen proceso de control de la calidad técnica en la ejecución de las partidas correspondientes a las especialidades de las instalaciones eléctricas y sanitarias”, señala el informe de Contraloría.