El Poder Judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva para cinco personas investigadas por su presunta participación en el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura. La medida fue adoptada mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo.

La decisión judicial alcanza a Deyvis Omar Gallo Lozada, John Darwin Ponce Torres, Derian Omar Gallo Lozada, Stefanie Selene Criollo Aguirre y Miriam Elizabeth Rosales Torres. Todos ellos son investigados por una serie de delitos vinculados al caso que actualmente es materia de investigación fiscal.

De acuerdo con la resolución, los investigados afrontan imputaciones por presuntos delitos de sicariato agravado, lesiones graves, tenencia ilegal de armas y explosivos, banda criminal y conspiración para el sicariato. Estas acusaciones forman parte de la investigación abierta tras el atentado que acabó con la vida de la autoridad edil.

El juzgado también analizó las condiciones personales de los procesados para determinar la necesidad de una medida restrictiva. En ese contexto, consideró que no existían garantías suficientes que permitieran asegurar su permanencia durante el desarrollo del proceso.

Juez advirtió riesgo de fuga

Entre los argumentos expuestos en la resolución se encuentra la evaluación del arraigo de los imputados. El magistrado concluyó que no acreditaron de manera suficiente vínculos domiciliarios, familiares o laborales que reduzcan el riesgo de abandonar la jurisdicción.

A partir de esos elementos, el juzgado estimó que existía una posibilidad de fuga que debía ser considerada durante esta etapa de la investigación. Por ese motivo, concluyó que la prisión preventiva resultaba necesaria para garantizar el cumplimiento de las diligencias pendientes.

Asimismo, la autoridad judicial consideró que la medida era proporcional a la gravedad de los delitos que se investigan. La resolución busca asegurar que el proceso continúe sin interferencias mientras se recaban más pruebas.

¿En que penal permanecerán?

Tras la decisión judicial, los cinco investigados serán internados en establecimientos penitenciarios de la región Piura. El traslado se realizará en las próximas horas conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

Por otro lado, las defensas legales de los procesados manifestaron su desacuerdo con la medida impuesta. En ese sentido, anunciaron que presentarán los recursos correspondientes para que la decisión sea revisada por una instancia superior.

El caso continúa en etapa de investigación y las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la medida de prisión preventiva permanecerá vigente durante el plazo establecido por el Poder Judicial.

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