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Piura: Empresario y exfuncionarios del gobierno regional están prófugos

Los exfuncionarios del GORE orientaron sus decisiones a favorecer al Consorcio del Norte para que obtenga la buena pro del alquiler de maquinaria pesada

Tania Bautista Castillo

Actualizado el 10/07/2026, 08:12 a.m.

El Poder Judicial emitió los oficios de ubicación y captura para cinco exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura, luego de ser condenados a seis años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de colusión agravada.

LA Condena. Con resolución N.° 80 del once de junio del presente año. el juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos Corrupción de Funcionarios, Rafael Martín Martínez Vargas, condenó a Edwin David Troya Acha, Luis Enrique Ramos Mendoza, Iván Ernesto Ríos Carranza, Jesús Bernardo Diaz Luzuriaga y James Crox Coronado Torres, como autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en agravio del Estado. Además, condenó a Carlos Alberto Franco Mogollón, representante legal de Servicios Generales Viviana E.I.R.L., como cómplice por el mismo delito.

La fiscal adjunta provincial, Cynthia Rondoy Bances, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, acreditó con contundentes medios probatorios que los antes mencionados orientaron sus decisiones a favorecer al Consorcio del Norte, representado por Carlos Franco Mogollón, para que obtenga la buena pro del alquiler de maquinaria pesada para el proyecto Mantenimiento del Dren Troncal 1308 Caserío Cerrito (distrito de Cristo Nos Valga). Este consorcio está conformado por las empresas Servicios Generales Viviana E.I.R.L. y Piuramaq S.R.L.

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Como integrantes del Comité Especial de Selección Ad Hoc, y funcionarios de la entidad, modificaron las especificaciones técnicas de maquinaria requerida en el expediente técnico aprobado por la entidad, permitiendo que el postor oferte y obtenga la buena pro del alquiler de maquinaria pesada, con menor capacidad a la ofertada, sin variar los costos, pagando de manera sobrevalorada, causando un perjuicio económico a la entidad de 325,720 soles.

El Juzgado estableció S/350,720 como reparación civil a favor del Estado.

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