Piura: Hasta la fecha 159 turistas serían deportados

Cientos de extranjeros ingresan a nuestro país y a nuestra ciudad de Piura en calidad de turistas, pero son varios los que durante su estadía incumplen o infringen la ley de extranjería y realizan labores que en su calidad de turistas no les corresponde.

PRÉSTAMOS CON SANGRE. El año pasado en Piura se intervinieron a 200 ciudadanos colombianos por realizar préstamos de dinero y exigir de intereses un 20% a sus deudores.

Así mismo, el Departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal registró hasta tres denuncias de personas que referían haber sido amenazadas por colombianos prestamistas.

Una de estas amenazas terminó con una vivienda baleada ubicada en la urbanización Santa Margarita donde un comerciante sindicaba al extranjero conocido como “Ángel” de ser el autor del ataque.

PROSTITUCIÓN CLANDESTINA. Al igual que la problemática que significó la propagación de colombianos prestamistas también lo fue la cantidad de ciudadanas ecuatorianas que fueron intervenidas ejerciendo el meretricio.

Si bien la prostitución no está enmarcada como delito las turistas infringen el artículo 56-f de la ley de migraciones la cual indica que todo turista que realice actividades que no corresponden a la calidad migratoria, Visa o permiso asignado podrá ser sancionado o expulsado del país.

ACCIONES. Según la información obtenida por el Jefe de Seguridad del Estado, comandante PNP Efraín Cardoza, durante las operaciones policiales hasta la fecha se han intervenido a sesenta y tres extranjeras por laborar en prostíbulos.

“En todas las intervenciones no hemos reportado ningún caso de trata de personas o alguna extranjera que fue traída con engaños, no. Nada de eso.

El problema viene porque ellas ingresan de manera legal, pero ya dentro de una ciudad realizan actividades que en su calidad de turistas no deben”, explicó.

Cardoza también refirió que a todo extranjero que es intervenido se le inicia un proceso administrativo que puede culminar con una resolución de expulsión.

“El trámite es largo porque los intervenidos si bien son dejados en libertad, ellos salen de la oficina de Seguridad del Estado con un acta que señala que se ha iniciado un proceso administrativo el cual puede terminar en una sanción donde debe pagar 480 soles o una expulsión”, manifestó.

Así mismo el encargado de la Seguridad del País indicó que también los intervenidos tienen un plazo de cinco a quince días para apelar el proceso.

ESTADÍSTICAS. Según las estadísticas que maneja Seguridad de Estado en lo que va del año se han intervenido a ciento cincuenta y nueve extranjeros para el proceso de deportación y la Oficina de Zonal de Migraciones ha cursado 19 resoluciones de expulsión para los visitantes de los cuales se han hecho efectivo once expulsiones: ocho de colombianos prestamistas, dos colombianas por prostitución y un cubano.

Cardoza expresó que la demora en hacer efectivas las resoluciones de expulsión es porque los agentes de esta sede deben ir y buscar los turistas para deportarlos y muchas veces estos ya regresaron a su país o están en otros departamentos.

Además explicó que en setiembre se otorgaría la facultad a las jefaturas zonales de migraciones a realizar los trámites directamente y ya no se envíen las actas a Lima. Esto con la finalidad de acelerar los trámites de expulsión.