Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), basado en un informe de denuncias recogidas por el sistena RETA (Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines) de la Policía, Piura es la región que encabeza la lista a nivel nacional en denuncias de delito de trata de personas.
De acuerdo a este informe, hasta julio del presente año en nuestra región se presentaron 24 casos, seguida de Loreto con 17, Puno con 13, Madre de Dios con 11 y Lima con 10. Más abajo se encuentran Junín con 9, San Martín con 8 y Áncash y Tumbes con 5 cada una.
El INEI también señala que durante el año pasado, en el Distrito Fiscal de Piura se presentaron 54 denuncias por este delito, y en Sullana 10. Es decir, la tendencia con relación al año pasado se mantiene, pese a los esfuerzos de las autoridades y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en su lucha por combatir este flagelo.
El delito de trata de personas se define como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza, u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esta explotación puede ser para fines sexuales, laborales, mendicidad, tráfico de órganos y venta.
Si bien la estadística refleja un momento o una realidad en particular, teniendo en cuenta que solo son denuncias, la situación real de lo que viene sucediendo dista mucho de los números, según opinaron algunos especialistas.
Para Hortelia Valladolid, especialista en Educación y Género, este registro no está funcionando, la información se encuentra muy dispersa, y los operadores de justicia no estarían contribuyendo a crear confianza en las víctimas para denunciar sus casos.
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Cabe señalar que los lugares donde se registra la mayor incidencia de casos de este delito se encuentran en el distrito de Las Lomas con la minería ilegal, donde proliferan los bares y cantinas, al igual que en los puertos de Paita y Sechura, y en las mismas ciudades donde se ha incrementado la mendicidad, y otros casos de explotación laboral.
Carmen Cabrera, coordinadora del Instituto Peruano de Estudios de Derechos Humanos y la Paz, dijo que mientras la Policía y los municipios intervienen estos locales de consumo de bebidas alcohólicas, luego los propietarios los reabren en otros lugares y con otros nombres.
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SIN REFUGIOS Otro de los principales motivos por los cuales las víctimas no se atreven a denunciar, es porque en Piura no se cuenta con una casa de protección, donde los agraviados puedan sentirse seguros y accedan a una rehabilitación especializada.
Así lo confirmó César Orrego Azula, jefe de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de Piura, quien dijo que en la región no se cuenta con estos centros de acogida para las víctimas de trata de personas.
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Coincidió con Hortelia Valladolid en que hay cierta confusión o desconocimiento en la tipificación de este delito, el cual en muchos casos se individualiza solo como proxenetismo, prostitución u otra modalidad o fin empleado por los tratantes de personas.