Piura: Once policías investigados a punto de perder trabajo

El proceso que se le sigue a los 14 policías de Piura por el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, que habrían ocurrido en el operativo ejecutado en febrero de 2015, no solo pone en peligro la libertad de los agentes investigados. También está en juego su situación laboral ya que muchos de ellos están a punto de ser sancionados porque no están acudiendo a trabajar.

Es por ello que los familiares de los agentes acudieron ayer a la sede de al Macroregión Policial del Norte para entrevistarse con el general PNP Luis Bisso Pun y solicitarle disponga que se les adelante sus vacaciones.

Sin embargo, esta decisión no depende de esta instancia sino que la determinación la tiene que ordenar el comando policial en Lima.

El jefe de la Macroregión Policial, Luis Antonio Bisso Pun, dijo que estaban informando a Lima para ver cómo proceder al respecto, pero que “los abogados saben las normas. Todo policía sabe las normas y las tienen que cumplir”, señaló el oficial de la Policía.

PLANTÓN. Al igual que el domingo por la noche en el frontis de la catedral de Piura, los familiares de los efectivos investigados en el caso realizaron un plantón frente al local del complejo policial, sede de la Macroregión, para pedir el apoyo de la institución y de las personas que circulaban en el lugar.

“Yo vengo desde Lima para apoyarlos (a policías) porque me indigna ver a mi madre que en vez de estar esperando que llegue, que la abrace, tiene que estar en toda esta lucha. ¿Dónde está el presidente?, ¿dónde están los ministerios?, ¿hasta dónde tenemos que llegar? El juez no ha tomado en cuenta para nada lo que han aportado los abogados”, dijo María Carrasco.

AUDIENCIA. Como se sabe, 11 de los 14 policías incluidos en la investigación del caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales deberán seguir el proceso en su contra desde el penal de Piura, ex Río Seco, luego de que el juez Francisco Fernández Reforme dictaminara 20 meses de prisión preventiva.

Los policías a los cuales se les impuso la medida coercitiva son: Horacio Cruz Cruz, Guvis Fiestas Yarlequé, Heyse Fiestas Yarlequé, Víctor López Carrasco y Eileen Humberto Yovera Cisneros.

También, Elmer Gerardo Carrasco Zegarra, Eddy Antón Campos, Jean Claude Miranda Jiménez, Noemí Rocío Santiago Gonzales, Luis Alberto Zúñiga Saavedra y Francisco Jhonny Arévalo Quispe.

Todos ellos, junto con Carlos Eduardo Llanto Ponce, Williams Smith Castaño Martínez e Irwin Castillo Mendoza, cuya audiencia de prisión preventiva será el próximo jueves, están incluidos en el caso del operativo donde murieron Raúl Rivas Rimaycuna, Hugo Yagahuanca Tineo, Gian Marcos Fiestas Aquino y Martín Alfredo Tello Monja.

caballito de troya. Según el Ministerio Público, el caso objeto de imputación es una comparación con el mitológico Caballito de Troya. Los imputados, los suboficiales Carlos Llanto Ponce y William Smith Castaño Martínez y otros miembros de la Policía Nacional, vienen siendo investigados por el Despacho Fiscal [carpeta fiscal N° 01-2016], por formar parte de una presunta organización criminal que orientaba su actuar a fabricar escenarios.

Los supuestos delincuentes iban a cometer ilícitos penales como robos a entidades bancarias, casas de negocios o secuestros a empresarios, cuando en la realidad dichos delincuentes eran “emboscados” por el personal policial y asesinados, señala el Ministerio Público.

“Así, hay nueve casos a nivel nacional que vienen siendo investigados, como son: Santa Anita, sucedido el 11 de junio de 2012; La Floresta, de fecha 8 de setiembre de 2012; Puente Piedra, de fecha 18 de noviembre de 2012; Chiclayo, de fecha 4 de diciembre de 2013; Chincha, de fecha 21 de setiembre de 2014, el caso del colombiano, de Ramiro Prialé, entre otros hechos”.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado indica que las unidades policiales que, coincidentemente, han intervenido en los casos son: La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, (Dirin), la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y otras unidades como Robos, secuestro, Divincri, entre otras.

En este grupo fue considerada la SOT2 Noemí Rocío Santiago Ramírez, quien pertenece a la Dirección de Inteligencia de la PNP, que proporcionó la información de la presunta banda de “Los nuevos injertos del norte”, y coordinó el operativo policial.

Cabe señalar que Álvaro Rodas es el tercer fiscal que lleva el caso de Piura, el cual data de hace casi dos años.