Trece conflictos sociales se registran en la región Piura, de los cuales 11 se encuentran activos y dos latentes; así lo advirtió la Defensoría del Pueblo durante una reunión sostenida con autoridades para atender las demandas ambientales, viales, de saneamiento y de salud en diversas provincias.

La Defensoría del Pueblo ejerce a nivel nacional la función de prevención, monitoreo y mediación de los conflictos sociales, según 162° de la Constitución Política del Perú, por lo que se encuentra facultada para «realizar labores de prevención y monitoreo de los conflictos sociales y la mediación para la promoción del diálogo y la solución pacífica de estos».

En ejercicio de dicha función, y con el objetivo de articular esfuerzos y anticipar escenarios de riesgo que afecten la gobernabilidad, la Defensoría convocó y lideró la sesión del «Espacio de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Seguimiento de Conflictos Sociales» de Piura.

Entre los principales casos analizados figuraron la oposición al proyecto minero “El Algarrobo” en Tambogrande, la remediación ambiental por pasivos de hidrocarburos en La Brea-Negritos (Talara) y las demandas por costos de gas domiciliario en La Tortuga frente a la empresa Olympic.

Asimismo, representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informaron un avance del 92 %, aproximadamente, en el expediente técnico para el mejoramiento del Centro de Salud de Talara. Por su parte, representantes de PROVIAS anunciaron que un equipo técnico llegará a Piura en noviembre de 2026 para realizar talleres de sensibilización sobre el estudio definitivo de la carretera Paimas – Ayabaca – Socchabamba.

Las autoridades evaluaron los riesgos asociados a la paralización de la obra vial en Sondorillo, el cuestionamiento vecinal a las cámaras de bombeo en Ollanta Humala y la tensión por elecciones.