La Fiscalía de la Familia de Sullana detectó que varios menores han sido obligados a laborar por parte de sus padres o familiares cercanos. Mientras que la Demuna informó que incluso hay madres que utilizan a sus bebés para trabajar en las vías públicas.
La Fiscalía de la Familia de Sullana detectó que varios menores han sido obligados a laborar por parte de sus padres o familiares cercanos. Mientras que la Demuna informó que incluso hay madres que utilizan a sus bebés para trabajar en las vías públicas.

La explotación infantil es un problema que viene creciendo cada día en las calles de las provincias de , Talara y Ayabaca, sobre todo en ésta época que vivimos por la pandemia del , donde muchos padres han perdido su trabajo.

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La Fiscalía de Familia informó que en lo que va del presente año, han encontrado a más de 50 menores de entre 8 y 17 años de edad siendo obligados a trabajar en las calles por sus familiares y, a la vez, son forzados a mendigar ante el peligro de malas personas y el fluido tránsito que se registra día a día en las principales vías.

Explotación

El fiscal Jorge Gómez Calle de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Sullana, manifestó que vienen trabajando coordinadamente con la Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes (Demuna), Policía y otras instituciones para rescatar a los menores.

“Hay niños que están trabajando en las calles y muchos de ellos son víctimas de trata laboral y más ahora que está comprobado que la misma familia los puede someter a este tipo de trabajo o también con la utilización de terceras personas y en la actualidad están los extranjeros”, dijo el fiscal Gómez Calle.

Indicó que, tras identificar los casos de explotación (laboral) en menores, a nivel de Fiscalía de Familia intervienen preventivamente, captando e identificando a los menores que se encontrarían en esa condición para evaluar su situación personal y familiar.

“Hay niños y adolescentes que ingresan (al Perú) con sus padres o no estando con sus padres tienen la condición de refugiados, o también hay extranjeros que podrían estar en la condición natural de migración y esta está supeditada a que tengan la condición de refugiados”, añadió.

Explicó que la norma cambia cuando se trata del niño o adolescente en estado de abandono moral o se encuentra en riesgo o desprotección, y es ahí cuando intervienen junto a la Demuna.

El representante del Ministerio Público dijo que hay temas que les compete a las Unidades de Protección Especial (UPE) que en la actualidad solo funcionan en Piura, pero que debería también haber en la provincia de Sullana por lo amplio de la jurisdicción.

Señaló que en lo que va del año han identificado y rescatado de las calles a más de 50 menores de entre 8 y 17 años de edad en las diversas intervenciones que han realizado.

Cuestionó, además, que es el Ministerio de la Mujer, la que debe constituir sus unidades de protección para los menores sobre la trata sexual de adolescentes mujeres, debido a que Sullana es una zona fronteriza.

“Hemos cuestionado (sobre la UPE) que solo está en Piura y no en Sullana que es una zona de frontera y es donde se están identificando el mayor ingreso de adolescentes mujeres para los fines de trata de sexual”, indicó.

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Utilizan a bebés

La subgerente de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna) de Sullana, abogada Deylú Espinoza Carrasco, indicó que hay padres y familiares que usan a los hijos y hasta a los bebés para trabajar en las calles.

“Nos hemos encontrado con dos casos de menores pequeños de hasta de un mes donde la mamá en brazos los utiliza para poder trabajar en las calles”, indicó la encargada de la Demuna de la municipalidad de Sullana.

Explicó que estos casos y según las facultades que les otorgan, ven la manera de conminarlos. Primero, establecen el parentesco, hacen un acta de entrega y compromiso de los padres que por primera vez se les encuentra ahí para que no vuelvan a hacer lo mismo”, indicó.

Si en la segunda vez son encontrados en lo mismo (haciendo trabajar a los menores), ellos como Demuna pasan todo lo actuado al Juzgado de Familia del Poder Judicial, quienes son los encargados de decidir que los menores, en el caso de extranjeros, vayan a un albergue por lo expuesto anteriormente.

Mientras que, con los menores peruanos, las autoridades ubicarán y averiguarán sobre un familiar directo para que se haga cargo (del niño), porque estarían frente a un hecho también de desprotección familiar.

Indicó que, desde enero a la fecha, han realizado diferentes operativos en las principales calles y avenidas de Sullana como las transitadas avenidas José de Lama y Champagnat.

Además, en la carretera Panamericana Norte en la urbanización Santa Rosa y otros sectores, donde han logrado ubicar a los menores hasta los 17 años que trabajan en las vías públicas exponiéndose a los peligros.

“Estamos reafirmando nuestro compromiso como ente municipal para velar por los menores y por ello, junto a la Fiscalía, estamos realizando diferentes operativos de manera preventiva en los distintos sectores de la jurisdicción y trabajando hasta donde nos den las facultades para poder lograr el bienestar de los menores de edad”, enfatizó Deylú Espinoza.

Menores dejaron de trabajar

Según el Ministerio de la Mujer, hasta fines del año 2019, un total de 1,090 niñas, niños y adolescentes, dejaron de trabajar en las calles de las distintas ciudades del país.

Asimismo, durante dicho año, el Servicio Educadores de Calle atendió a un total 7,922 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 4,308 son varones y 3,614 mujeres.

Informaron que dicho programa tiene como finalidad restituir y enseñar a ejercer sus derechos a las y los menores de edad que trabajan o viven en la calle, así como aquellos que se dedican a la mendicidad.