El jefe de la región policial dijo que se actuará de manera drástica contra los agentes intervenidos en fiesta. (Foto: PNP)
El jefe de la región policial dijo que se actuará de manera drástica contra los agentes intervenidos en fiesta. (Foto: PNP)

El jefe de la Región Policial de Piura, coronel Jaime Flores Arroyo, precisó que el comando policial actuará drásticamente contra los tres suboficiales que se enfrentaron a sus colegas, tras ser sorprendidos presuntamente en una fiesta COVID-19, la noche del último martes, en el distrito de Castilla. Pese a que el oficial no adelantó las sanciones a tomar, se conoció que Inspectoría podría dar de baja a los policías involucrados, tras considerar dichas faltas como graves.

Sentimos vergüenza ajena porque estos hechos son cometidos por personal policial a nuestro cargo que nos genera una desazón y son actitudes reprochables. El comandando ha tomado la decisión de actuar drásticamente. Se evaluará el cambio del policía que pertenece a la Región Policial; mientras que con respecto a los dos agentes que pertenecen a Carreteras, dependerá del comando de Lima”, mencionó Flores Arroyo.

Ayer, a las 11:00 de la mañana, el representante del Ministerio Público inició las diligencias como la toma de declaraciones de los policías intervenidos Dagoberto Flores Ato, Cedry Ato Flores y Eder Cienfuegos Panta, además de los civiles Diego Infante Córdova (29) y Marcela Ato Palacios (54). Del mismo modo, de los agentes que intervinieron a sus colegas.

También se realizó la visualización de videos, donde quedó plasmada la intervención de los agentes. Justamente, en uno de esos videos se observa que los policías, durante la intervención, forcejean con Flores Ato y, posteriormente, son agredidos por sus familiares, por lo que realizan disparos al aire.

De acuerdo al acta policial, en el forcejeo le roza una bala en el cuello a Flores Ato, quien es trasladado al hospital Cayetano Heredia, hasta donde llegan sus familiares a intentar retirarlo, pero son detenidos por detectives de la comisaría de Tacalá por el presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad y violación a las medidas sanitarias, en agravio del Estado peruano.

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