Presunto tráfico de terrenos del Estado

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) - sede zonal Piura, inmatriculó 3,800 hectáreas eriazas y no catastradas a una sociedad conyugal que habría utilizado documentación con información falsa para apropiarse del predio ubicado en La Huaca, provincia de Paita.

Mediante oficio N°102, la registradora pública, Zully Gonzáles, comunicó a la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal (Pro Rural) sobre la inmatriculación a favor de Omar Armestar Prieto y Rosa Lira Camacho, quienes, aparentemente, habían cumplido con acreditar que sobre dicha área ejercían actividad agropecuaria.

Fue allí cuando Pro Rural detectó que los predios inmatriculados se encuentran ubicados sobre terrenos eriazos y en zona no catastrada, además de que existe una superposición parcial con un proceso judicial seguido por la Asociación Agropecuaria La Esperanza La Huaca contra el Estado y otro sobre prescripción adquisitiva.

EL PROCESO. Inicialmente, mediante esquela de observación y de acuerdo al informe de catastro de la Oficina Registral de Piura, la registradora observó el proceso de inmatriculación pues determinó que los predios son eriazos.

Por ello, solicitó a la sociedad conyugal un documento que certifique la naturaleza del predio.

Aunque en el 2016, Armestar Prieto ya había solicitado a Pro Rural la expedición del certificado negativo de zona no catastrada, el cual arrojó que el predio sí formaba parte de terrenos de zona no catastrada, en mayo de este año volvieron a solicitar el certificado pero a través del ciudadano Jaime Stiven Gonzales Alcedo, a quien mediante oficio N°1431 le informaron que los predios son eriazos y se encuentran en zona no catastrada.

Es así que la sociedad conyugal interesada en inmatricular las 3,800 hectáreas acude a la Agencia Agraria Chira, quien finalmente emite dos informes; uno en julio y otro en setiembre, en el que certifican la supuesta actividad agraria.

Incluso, en octubre, el director de la Agencia Agraria Chira, Gerardo Cosio García ratificó la autenticidad y veracidad de los certificados en donde incluía fotografías de la supuesta actividad agraria, presupuesto de costos por hectáreas ocupadas, un acta de inspección ocular, entre otros.

Para la inmatriculación del predio también se incluyó la escritura pública imperfecta otorgada por el juez de paz de Primer Nominación de la Huaca y una escritura pública aclaratoria otorgada por notario público.

¿DEBIDO PROCESO?. Para la gerente de Pro Rural, Olga Trelles Martino, la Sunarp debió comunicar sobre el proceso antes de la inmatriculación y no después.

“Todo lo que es formalización y titulación de predios rústicos y eriazos es competencia de la Gerencia Regional de Saneamiento. La Dirección Regional de Agricultura no tiene las competencias, por qué me informan cuando ya inscribió”, dijo.

La funcionaria agregó que no es el único caso en el que utilizan certificados y escrituras públicas para traficar con terrenos de propiedad del Estado.

“Administrativamente no procede porque no están habilitados (los predios), son eriazos, pero lo que hacen es ir al Poder Judicial para que les otorgue escrituras públicas en razón de minutas simples sin acreditar la propiedad, con la simple declaración están formalizando las escrituras, se tienen que respetar los debidos procedimientos de saneamiento”, precisó.

Trelles indicó que el procedimiento indica que un posesionario puede solicitar un predio cuando ejerce una actividad agropecuaria; o también pueden acogerse al Decreto Legislativo N°026, en donde se adjudican entre 3 a 15 hectáreas para el desarrollo de un proyecto agrícola con dos años de carga para su cumplimiento.

Al respecto, el director regional de Agricultura, Mario Laberry, precisó que han procedido a anular los certificados de actividad agraria emitida por la Agencia Agraria Chira y que, además, se ha aperturado un procedimiento administrativo contra los funcionarios que emitieron y validaron dichos documentos.

“Lo primero que hemos hecho es pasar a Asesoría Jurídica para que evalúen el caso y ellos han informado que esas constancias y certificados se han dado en zonas de conflicto y cuando están en juicio nosotros no intervenimos. Esos documentos procedemos a anularlos y ya estamos en ese proceso. En cuanto a los responsables, la Secretaria Técnica les abre un proceso administrativo, ya no están laborando porque se han jubilado, pero igual se les pone sanciones de diferentes tipos, algunos con suspensión porque si recibe plata del Estado se le suele sancionar con la retención de alguna cantidad de dinero, y a otros con sanciones que los imposibilita de contratar con el Estado”, puntualizó.

El funcionario agregó que no es el único caso en el que se han emitido certificados de actividad agraria de zonas que están en litigio.

“Tengo conocimiento que son constancias de posesión de dos áreas grandes, esta de casi 4,000 hectáreas, y otra de 40 hectáreas que está en litigio entre una institución del Estado y agricultores. Estando las dos en litigio procedemos automáticamente a anularlas porque la norma no nos permite entrar. Ya no tienen de que acogerse porque están anulados”, mencionó.

Laberry resaltó que “los servidores o funcionarios que emiten documentos de forma irregular tendrán que vérselas con la justicia. Estamos tomando medidas porque los autorizados son las agencias agrarias, pero como autoridad máxima cortamos de raíz el problema”.