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Tras una larga espera, salieron a la luz las carpetas de control en las que se detallan las presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República (CGR) en los exámenes realizados a las obras del colector de Sullana, ejecutadas por la comuna provincial y la EPS Grau.

Amparándose en los hallazgos que obran en dichos documentos, el congresista Juan José Díaz Dios interpuso ante el Ministerio Público una denuncia por la supuesta comisión del delito de colusión en contra de las exautoridades de la municipalidad (alcalde, regidores y funcionarios) y de los actuales funcionarios de la empresa prestadora de servicios de saneamiento.

FALTAS. La carpeta de control N° 19, sobre el “Mejoramiento del colector San Miguel desde la calle Félix Jaramillo hasta la cámara de bombeo del distrito de Sullana”, a cargo de la comuna, señala que en la adquisición de materiales, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sin ser el área competente, dio conformidad de la recepción de bienes sin haberlos recibido dentro de los plazos estipulados en el contrato.

Esto generó que, a pesar del incumplimiento, se pague al contratista la suma de más de 3 millones de nuevos soles.

También se menciona que se hicieron cambios de especificaciones técnicas, que no estaban consideradas en el contrato inicial para favorecer a una empresa con la adquisición de materiales no incluidos en la orden de compra ni en el expediente técnico y sin haberse realizado las coordinaciones ni el respectivo estudio de posibilidades.

“Originando que la entidad cancele a la proveedora (Idexport Servis SAC), el precio del material a un valor superior al mercado, ocasionando perjuicio económico de 58 millones”

MÁS. Asimismo, se hace referencia a irregularidades en la elaboración de los requerimientos técnicos mínimos, absolución de observaciones y en el otorgamiento de la buena pro para la elaboración del expediente técnico de la obra.

Por último, que la exoneración del proceso de selección para la compra de materiales se llevó a cabo sin seguir el procedimiento legal, limitándose la concurrencia de postores y el acceso a mejores propuestas para la entidad.