La madrugada de este martes se allanó 32 inmuebles y se detuvo a 23 presuntos integrantes de una organización criminal. (Foto: Difusión)
La madrugada de este martes se allanó 32 inmuebles y se detuvo a 23 presuntos integrantes de una organización criminal. (Foto: Difusión)

Luego de conocerse la detención de 16 policías, como , las reacciones no se dejaron esperar. Algunos dijeron que este tipo de hechos y abusos, no solamente se cometió durante la , sino que ocurre desde hace muchos años atrás y actualmente continúan, por lo que piden constante rotación de los agentes.

El abogado Carlos Torres refirió que la Asociación de Abogados de la provincia de San Román, antes de la pandemia, a través de sus directivos, presentó un documento alertando que algunos policías en complicidad de civiles estarían cobrando dinero a cambio de liberar vehículos y anular las papeletas.

Torres dijo que inclusive hay un grupo de malos abogados, que tienen sus estudios en cercanía de las comisarías de esta ciudad, que se dedicarían a intermediar el pago de las “coimas” entre intervenidos y policías. “Se ha pedido rotación de policías, pero no hemos sido escuchados”, añadió.

Comandante sería la cabecilla

La madrugada del martes, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Puno, en coordinación con efectivos de la División de Investigación Alta Complejidad (Diviac), allanó 32 inmuebles donde se detuvo a 23 presuntos integrantes de una organización criminal, entre ellos 16 miembros de la PNP, por presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y peculado.

El Ministerio Público informó que, en el operativo, que se realizó en simultáneo en Arequipa, Juliaca y Huarmey, fueron detenidos, entre otros, el comandante PNP Gonzalo Medina Méndez, quien sería el líder de la organización criminal y el teniente PNP Javier Quispe Fernández, considerado hombre clave.

La presunta organización era investigada por la Fiscalía de Puno desde hace un año, pues se sospechaba que anulaban papeletas a transportistas infractores de las restricciones dispuestas para la Covid-19 y eliminaban las actas de intervención a cambio de montos entre 250 y 6 mil soles.