Decenas de familiares de las víctimas del 9 de enero, marcharon por las calles y protagonizaron un plantón frente a la sede del Ministerio Público, rechazando la intención de centralizar en Lima la investigación, relacionada a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

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El abogado, César Quispe, advirtió que, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió una resolución, conformando un equipo especial de fiscales con la intención de llevarse a Lima las carpetas fiscales relacionados a las investigaciones de violación de los derechos humanos durante las protestas.

Antecedentes

En el caso de Juliaca, el 9 de enero, durante el intento de toma del aeropuerto Inca Manco Cápac, se desató un enfrentamiento que terminó con 18 civiles muertos y decenas de heridos de bala.

“Nosotros estamos diciendo que las investigaciones deben desarrollarse en lugar donde ocurrieron los hechos, no vamos a permitir que centralicen las investigaciones, al parecer, existe la intención de buscar impunidad”, expresó uno de los parientes de los 18 fallecidos.

Portando pancartas y arengando contra la Fiscal de la Nación y la presidenta Dina Boluarte, decenas de familiares de las víctimas se movilizaron y protagonizaron plantón en el frontis del local del Ministerio Público. Piden que en vez de pretender llevarse los casos, fortalezcan las fiscalías de derechos humanos en las regiones como en Puno.