Defensoría del Pueblo inicia la campaña ¡No más clases perdidas!
Defensoría del Pueblo inicia la campaña ¡No más clases perdidas!

El anuncio de una nueva huelga magisterial para el año 2018 ha provocado preocupación en los padres de familia de los estudiantes que cursan estudios de Educación Básica Regular, pues según la Defensoría del Pueblo en la huelga anterior se perdieron 214 horas de clases efectivas (30 días) y no se han logrado recuperar pese a compromisos asumidos por los huelguistas.

Sin embargo, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana (SUTEP) ha adelantado, mediante su dirigente César Hugo Tito Rojas, que están evaluando empezar acciones de protesta e incluso ya confirmaron un paro preventivo para abril.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo hizo un planteamiento denominado “¡No más clases perdidas!”, afirmando que la educación pública es un derecho innegociable de los estudiantes. “Negarla, postergarla o afectar su calendarización es una injusticia que solo agudiza la brecha del servicio educativo, afectando principalmente a los estudiantes de menores recursos”, dice parte de su comunicado.

En Puno, la dirigencia del SUTEP informó que la plataforma de lucha del magisterio no ha sido solucionada, por lo que volverían a las calles, pues, sostienen, que tienen vocación para defender la educación pública, ante la arremetida del Gobierno que pretendería privatizar las instituciones con el modelo de Asociación Pública-Privada (APP).

Sobre el tema, la Defensoría señala que reconoce que existen necesidades e intereses del magisterio, estas no pueden ser demandadas mediante acciones que afecten los derechos fundamentales de los estudiantes.

DIÁLOGO. La Defensoría del Pueblo alentó a las autoridades educativas del Ministerio de Educación, y de los gobiernos regionales, al magisterio y padres de familia, agotar los esfuerzos necesarios y establecer mecanismos de diálogo permanentes, para que de manera preventiva y eficaz, se eviten medidas radicales que afecten el derecho a la educación de los más de 6 millones de estudiantes de colegios públicos.

Sin embargo, de producirse algún tipo de acción que derive en la suspensión de clases, las autoridades educativas, tienen la obligación de prever e implementar un plan de acción que impida la pérdida de horas lectivas.

Según establece la norma debe haber un registro de docentes alternos, para que en las primeras 24 horas de suspendidas las clases, se restituyan las mismas y dar continuidad a la educación del alumnado.