El juicio del “Aimarazo” tendrá sentencia el 29 de diciembre

La extensa huelga se realizó para oponerse a las labores de exploración y explotación del proyecto minero Santa Ana, desarrollado por la empresa canadiense Bear Creek Mining Company.
El juicio del “Aimarazo” tendrá sentencia el 29 de diciembre

El juicio del “Aimarazo” tendrá sentencia el 29 de diciembre

26 de Diciembre del 2017 - 10:27 » Textos: Correo Puno » Fotos: Difusión

Casi siete años han transcurrido desde el levantamiento aimara que fue conocido como “Aimarazo” en la región Puno. Fue una protesta de muchos meses, pero con énfasis en mayo del año 2011, cuando miles de comuneros de las provincias El Collao, Chucuito, Yunguyo y Puno se trasladaron hasta las principales carreteras para bloquearlas y, después, a la capital regional con el mismo propósito.

La extensa huelga se realizó para oponerse a las labores de exploración y explotación del proyecto minero Santa Ana, desarrollado por la empresa canadiense Bear Creek Mining Company.

SIMPLE VANDALISMO. La huelga se salió de control el 26 de mayo de 2011. Esa tarde ocurrieron hechos vandálicos. Los enardecidos manifestantes saquearon y quemaron entidades públicas y privadas, entre ellas la Prefectura, Contraloría General de la República, Sunat y los almacenes de Aduanas.

El saliente gobierno de Alan García tuvo que ceder ante la posición aimara y canceló el proyecto minero aludiendo faltas durante el proceso de exploración de parte de la compañía. Esto trajo como consecuencia un arbitraje internacional que acaba de ganar Bear Creek. Ahora, el Estado peruano deberá pagar un multa de 30.2 millones de dólares por daños y perjuicios.

EVADEN RESPONSABILIDAD. La acción vandálica mediante la cual se quemó y destruyó locales institucionales no fue reconocida por los dirigentes aimaras. Su principal vocero, Walter Aduviri Calisaya, sostuvo que el Ministerio Público debió investigar con mayor pulcritud a los responsables.

Aluden, los aimaras, que hubo infiltrados que perpetraron los saqueos en aparente complicidad con la Policía y el Ejército, porque a pesar de haber orden expresa para la actuación de los uniformados, estos simplemente brillaron por su ausencia.

JUICIO. Sin embargo, la Fiscalía considera que existe responsabilidad penal en los promotores del “Aimarazo”, por eso ha enjuiciado a más de 40 dirigentes en la parte inicial, luego el número de imputados se redujo a una veintena, posteriormente apenas a una decena.

El juicio oral empezó en marzo de este año con 18 implicados, entre ellos Walter Aduviri Calisaya, quienes son acusados por los presuntos delitos contra el patrimonio en su modalidad de extorsión y alternativamente por la comisión del delito contra la seguridad pública, en su modalidad de delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos.

El 6 de julio de 2017, el colegiado de jueces determinó absolver a casi todos los acusados, excepto a Aduviri Calisaya, a quien condenaron a siete años de prisión más el pago de una reparación civil de dos millones de soles en favor del Estado.

La sentencia fue apelada tanto por el Ministerio Público como por la defensa de Aduviri, haciendo que el caso sea revisado por los jueces Reynaldo Luque Mamani, Milagros Núñez Villar y Melchor Coaguila Salazar.

CASO. Para sentenciar a Aduviri, el Ministerio Público fijó el rumbo de sus investigaciones en la teoría de coautoría no ejecutiva; sin embargo, los jueces de primera instancia optaron por desvincularse de dicho esquema para condenar al dirigente por ser presunto autor mediato de las acciones vandálicas de 2011. Allí reside la esencia de la apelación que pelean los abogados defensores de Walter Aduviri y los aimaras.

Martín Ticona, defensor del dirigente, señaló que los jueces se desvincularon tardíamente y dejaron sin posibilidad de defensa a los acusados, algo que rompería el debido proceso.

Después de las audiencias de apelación, en donde las partes presentaron sus alegatos, los magistrados fijaron fecha de sentencia. El “Día D” es el 29 de diciembre, a las 10.00 horas, en la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno.

En caso de ratificarse la sentencia, Aduviri tendría que ser recluido en algún penal, pero si los jueces determinan la nulidad, el juicio oral o las investigaciones podrían repetirse.

ELECCIONES. La decisión que tomen los jueces afectará a las elecciones subnacionales del año 2018, puesto que Aduviri es potencial candidato a gobernador por el movimiento político Mi Región.

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