El escándalo de las encuestas revelado por este matutino en la edición de ayer sigue dando que hablar. La ciudadanía no ha tardado en manifestar su rechazo a la mala práctica de negociar las ubicaciones en las supuestas investigaciones de intención de voto que se publicaron por parte de algunas empresas en la presente campaña electoral.

En redes sociales, radioemisoras y más, los pobladores de la región se mostraron indignados por la manera en la que se mercantiliza la estadística.

En tal contexto, el escándalo ha saltado a cinco encuestadoras más aparte de INTI (cuyo caso publicamos ayer); se trata de Astros Asesores y Consultores, Grupo Ricuy SAC, Chasquis Perú, Apuwara Encuestadores e INGESER M&E Analistas.

El abogado Ignacio Machaca Humpiri denunció en la víspera a las seis encuestadoras ante el Ministerio Público y pidió su inmediata intervención, pues se sospecha que estuvieran cometiendo el delito Contra la Fe Pública en su forma de Falsedad Ideológica.

Es decir, se ha exigido a la Fiscalía actuar en prevención del delito, puesto que a consideración del señor Machaca Humpiri, estas empresas presentarían muchas inconsistencias en los estudios que han publicado en la región Puno.

El mismo ciudadano ha presentado una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde se exige la inmediata cancelación del registro electoral para la media docena de encuestadoras cuestionadas.

Este documento ya se encuentra en manos del JNE, sin embargo, no ha tenido respuesta hasta el cierre de la presente edición.

Por su parte, la empresa editora en cuyo medio de comunicación se publicaron las encuestas también ofreció su versión.

“Nuestra empresa, como todos los medios de comunicación tienen su área de Publicidad o Comercial, que canaliza los avisos y cobra por su publicación”, explican.

Las empresas encuestadoras no han dado mayores versiones.

Fiscalización

Jurado Nacional de Elecciones investiga

La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales es el órgano de línea del JNE que realiza las acciones pertinentes para fiscalizar las encuestas, sondeos y simulacros de votación que se difundan en los medios de comunicación en época electoral, así como sus informes.