La Contraloría General de la República identificó que incluyeron a ocho personas fallecidas como beneficiarios de la entrega de canastas básicas familiares en cuatro distritos como San Juan de Salinas, Coata, Orurillo y Desaguadero, con lo que se evidencia que no hubo transparencia y eficacia de la distribución de alimentos a los hogares vulnerables durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Según informaron, esta situación fue advertida luego de comparar el registro de las entidades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” con la base de datos del RENIEC y con la información contenida en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Se evidenció que, cuatro municipalidades distritales, registraron como beneficiarios a personas que tienen condición de fallecido.

En octubre del 2020, Correo ya advirtió sobre esta presunta irregularidad en la Municipalidad Distrital de San Juan de Salinas, provincia de Azángaro. La Contraloría corroboró la denuncia, señalando que detectaron que en la lista de beneficiarios habían incluido a 5 personas que dejaron de existir años atrás.

Otras municipalidades donde se descubrió similar irregularidad son en las comunas de Coata (Puno), Orurillo (Melgar) y Desaguadero (Chucuito). En cada uno de estos distritos se descubrió un caso.

Evidencias

Refieren que la fecha de fallecimiento de los beneficiarios fue anterior a la entrega de la canasta básica familiar, evidenciándose que las referidas municipalidades no cumplieron con su responsabilidad exclusiva de realizar una adecuada identificación y priorización de los hogares vulnerables.

Los funcionarios de la Contraloría señalaron que, las situaciones adversas identificadas en los informes de control, fueron comunicadas a los titulares de los gobiernos locales con la finalidad de que dispongan medidas que correspondan.