Ni bien inicie su gestión, el electo gobernador Walter Aduviri Calizaye, tendrá que afrontar el proceso penal por el delito contra la paz pública en su modalidad de disturbios y, con ello, la posibilidad de ser enviado a prisión por un máximo de 8 años; esto tras la anulación de la sentencia anterior que le imponía siete años.

La decisión del Tribunal Constitucional implica, que el largo proceso sobre lo ocurrido durante el aimarazo se reinicie exactamente a las 9 de la mañana del día 22 de abril del 2019, en la sala de audiencias número 1 de la sede del Poder Judicial, tal como fue noPoder Judicial.

Es importante señalar que los jueces para este nuevo proceso son distintos al del anulado. Para esto se designó a Julio César Chucuya Zaga, Jackeline Reina Luza Cáceres y Shirlay Bazilka Flores Menendez.

Como fue explicado por el abogado Rulfo León Calla, en el nuevo juicio la figura de autor mediato, está descartada para Aduviri toda ves que no se pudo demostrar que el denunciado estuvo a la cabeza de una organización estructurada que tenga cierta permanencia en el tiempo.

Así mismo, la notificación fue dirigida al mismo fiscal, Juan Monzón Mamani, a los representantes del estado como actor civil, a los testigos y a los peritos para que vuelvan a participar del proceso.

Se debe recordar que el proceso aún conlleva el peligro de interrupción del mandato de Walter Aduviri con la incertidumbre que esto representa.

Así mismo, implica mucho tiempo ocupado en afrontar el proceso penal, el cual podría ser usado para las tareas propias del gobierno regional, tal como lo han observado analistas político.

Para ser sentenciado se tiene que probar que causa daño personal o a la propiedad mediante la violencia.