Hace 14 años el comité central de gestión de agua y alcantarillado de la ciudad de Juliaca junto a la EPS Seda Juliaca y la Municipalidad Provincial de San Román gestionan ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), el ansiado Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juliaca-Puno”.

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Hasta el 24 de octubre último, el convenio suscrito el 21 de setiembre del 2022 con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se ha cumplido, a pesar de las dificultades y retrasos en el cronograma.

Sin embargo, la comuna edil emitió un comunicado indicando que el director del PNSU, José M. Kobashikawa Maekawa, mediante Carta N° 517-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 del24 de octubre ha solicitado de forma arbitraria e ilegal que UNOPS se abstenga se realizar esta licitación.

Asimismo, advierte que será responsabilidad de la UNOPS en caso de continuar con este procedimiento. Según la municipalidad, esta decisión afecta de manera flagrante los legítimos derechos de la población de la provincia de San Román y sus distritos para contar con un servicio de saneamiento adecuado.

Estos hechos han sido cuestionados de manera reiterativa por los suscritos ante el MVCS mediante los oficios N° 391 y 400-2022-MPSR-J/ALCA, remitidos al MVCS el 26 de octubre y 07 de noviembre, pero no fueron atendidos por el titular del sector, César Paniagua.

Doble discurso

El 7 de noviembre se realizó una audiencia pública presidida por el viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Richard Acosta Arce. También participaron funconarios del PNSU, la Contraloría y la UNOPS. Junto a la dirigencia, buscaron destrabar el proyecto estancado por presunto direccionamiento que involucraría al entorno del presidente Pedro Castillo.

En la cita, de manera tajante Acosta arce negó que la gestión presidencial esté vinculada con actos anómalo, y aseguró a la población Juliaqueña que estos proyectos, que supera los S/14000 millones, será adjudicado en el primer trimestre del 2023.

El viceministro indicó que el MVCS se tomaría un tiempo aproximado de 90 días para esclarecer las denuncias que son materia de investigación fiscal, que según el prófugo Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, vincularían al exministro Geiner Alvarado y el exjefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, que cumple 30 meses de prisión preventiva.

El gerente municipal, Ricardo Álvarez Gonzales, lamentó que haya un doble discurso por parte de funcionarios de los MVCS, quienes en la audiencia del 7 de noviembre aseguraron que no habrá más retraso. “El pueblo de Juliaca ha sido burlado”, dijo, lamentando la falta de seriedad del sector.

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Ultimátum

Para el martes 22 de noviembre se ha agendado una audiencia con el ministro César Paniagua y funcionarios de la UNOPS. La comitiva juliaqueña estará integrada por dirigentes de Juliaca, autoridades provinciales y congresistas de la bancada puneña.

Este será el último intento por tratar concertar una salida para este importante proyecto, o de lo contrario, la población organizada tomará las acciones de lucha necesarias para hacer respetar los acuerdos suscritos, como advirtió el presidente del comité de gestión del proyecto, Filomeno Gonza.  Consideran que las investigaciones fiscales no limitan que se cumplan con la obra.