La oficina de la Defensoría del Pueblo, en el inicio de sus labores de supervisión a instituciones educativas públicas en la ciudad de Puno, informó que en una visita a la Institución Educativa Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla, detectó el condicionamiento de la matrícula al pago de cuota de Asociación de Padres de Familia (Apafa). En efecto, se advirtió el cobro de S/150 a los alumnos que ingresan al primer año de secundaria.

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Ante esta irregularidad, el jefe de la Oficina Defensorial Puno, Jacinto Ticona, sostuvo una reunión con el director del plantel y la representante de la Apafa a fin de que se deje sin efecto este cobro irregular, ya que según la Ley N° 28628, Ley que regula la participación de la Apafa en las instituciones educativas públicas, el monto anual establecido por la Apafa no debe superar el 1.5 % de la UIT. Es decir, para el año escolar 2023, no puede exceder a S/74.25. “Ellos se comprometieron a devolver el dinero cobrado en exceso a los padres de familia”, comentó.

La Defensoría del Pueblo reiteró, asimismo, que dentro del proceso de matrícula no existe una etapa establecida para la ratificación, debiendo el personal directivo preguntar a las familias sobre la continuidad del o de la estudiante, en la etapa de cálculo de vacantes en el mes de diciembre, y vincular la información de las y los estudiantes que permanecerán en la I. E. en la etapa de registro en el Siagie.

Por otro lado, la institución también advirtió que durante el proceso de matrícula de este 2023, la UGEL Puno no habría cumplido con brindar asistencia técnica o monitoreo de supervisión al proceso de matrícula escolar de los dos niveles de la Institución Educativa Integrada María Auxiliadora.