La solicitud de cesación de prisión preventiva, presentada por la defensa del gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chaiña, fue declarada infundada por el juez, Javier Arpasi Pacho. Esta decisión obliga al presunto líder de una organización criminal, permanecer recluido en el establecimiento penitenciario de Alto Puno, mientras se desarrollen las investigaciones.

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Luque, es acusado por el delito de colusión agravada porque delegó funciones a su asesor jurídico Jhon Wilfredo Martínez Molina para conciliar con el consorcio chino que ejecutaba la obra del nuevo hospital regional, Manuel Núñez Butrón.

Martínez llegó al acuerdo de no cobrar penalidades a la constructora por la suma de 504 mil 727 soles. Este fue cuestionado, ya que iba en contra de los intereses de la entidad regional.

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Al final el juzgado, consideró que, para la audiencia no se presentaron nuevos elementos de convicción y el pronunciamiento de las anteriores instancias fue ratificado una vez más. Paralelamente, mientras se desarrollaba la audiencia en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Puno, simpatizantes de Luque, se apostaron exigiendo su libertad, propósito que al final no se concretó.

Pasado el mediodía de ayer lunes, un grupo de opositores a la gestión del cuestionado gobernador regional, consideraron inadmisible otorgarle libertad.

En un momento ambos grupos se enfrentaron. Felizmente la sangre no llegó al río. La Policía resguardó en todo momento a los manifestantes.