El congresista Carlos Zeballos señaló que se agotaron los esfuerzos para que la empresa Operadora Ecológica del Titicaca (Opeti) concilie con el Estado, y concluya el primer componente de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que comprende la colocación de colectores.

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La concesionaria solicitó la nulidad del contrato, porque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría incumplido una serie de requerimientos y luego los respondió tarde, por lo que ahora buscan ir a un proceso arbitral.

Zeballos dijo que los decretos legislativos 1082 y el 1362 amparan este tipo de situaciones, y los remanentes de la obra pasarían a las empresas prestadoras de servicios (EPS), y si no está dentro de su capacidad operativa, se convocaría a una nueva licitación.

Este es un proyecto que se ejecutaba a través de una asociación público privada (APP), bajo la modalidad ICP (iniciativa cofinanciada privada). Según Zeballos, esta de forma el estado se ha ahorrado S/200 millones en la etapa del proceso de selección y no se le ha pagado nada.

Por otro lado, Opeti tiene un compromiso de 90 días para que desde el 15 de septiembre para restaurar todas las zanjas y calles que dejó abiertas. De incumplir con esta obligación, se aplicarán las penalidades que amerite el caso.