Sala Penal de Apelaciones ratificó sentencia de 7 años de prisión para Walter Aduviri

El sentenciado no estuvo presente en la audiencia

30 de Diciembre del 2017 - 09:53 » Textos: Hugo Supo » Fotos: Difusión

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno decidió confirmar la sentencia de primera instancia en el caso Aimarazo, sentencia en la que se conderó al exdirigente Walter Aduviri Calisaya a siete años de prisión y al pago de dos millones de soles de reparación civil en favor del Estado. 

La sala está presidida por Reynaldo Luque Mamani y es integrada por los magistrados Milagros Núñez Villar y Melchor Coaguila Salazar; quienes determinaron ratificar la pena de Aduviri, al ser considerado autor mediato de las acciones de violencia ocurridas durante la huelga de los aimaras

La autoría mediata de Aduviri es considerada en su modalidad de Delitos contra la Paz Pública, en su forma de disturbios, previsto y sancionado en el artículo 315°, primer párrafo, del Código Penal. 

Como se recordará, la sentencia de Aduviri es consecuencia de las anteriores citas en las que el colegiado de jueces escuchó los fundamentos de apelación de las partes. Fue el mismo colegiado que fijó la fecha para sentencia para ayer 29 de diciembre. 

Además, la confirmación de la sentencia también fue para el extremo de la absolución de los otros coprocesados; quiere decir que todos están libres, menos Aduviri Calisaya que hasta el cierre de la edición se mantenía como no habido. 

Luego de la lectura de sentencia, la sala dispuso la devolución del expediente al Juzgado Colegiado de Puno, a fin de que emita las órdenes de captura correspondientes, habida cuenta que el sentenciado no estuvo presente en la audiencia.

A Aduviri Calisaya se le pudo observar utilizando la red social Facebook hasta minutos después de que el juez leyera su sentencia, luego desapareció del espectro, dejando en incógnita su paradero. 

Lo inmediato es que Walter Aduviri se encuentra prófugo de la justicia y se desconoce su paradero. Su abogado, Martín Ticona, adelantó que trabajarán por presentar una casación en la Corte Suprema de Justicia de Lima, lo que demoraría algunos meses más.Mientras tanto, se ha puesto en duda la participación de Walter Aduviri en las elecciones regionales del año 2018, considerando que los condenados por la justicia están impedidos de participar en elecciones de cargos públicos.

No obstante, otros letrados sostienen que sí es posible su participación en los comicios siguientes. David Pacheco-Villar Barra opinó que esta sentencia no impide la candidatura de Walter Aduviri Calisaya.“Los medios de prensa informan que el recurso de casación que pueda plantearse contra dicha sentencia de vista, ante la Corte Suprema de Justicia, no podría evitarle la cárcel al candidato regional pues no es un recurso impugnatorio: recontra falso”, escribió en las redes sociales.

Al mismo tiempo, el abogado consideró que la Corte Suprema “ha absuelto -sí, tal cual-, a varias funcionarias de confianza del exgobernador regional Pablo Hernán Fuentes Guzmán, pese a que fueron condenadas por peculado en primera y segunda instancia, luego del gran trabajo que hizo el Dr. Walter Galvez Condori, cuando fue fiscal provincial. Las campañas políticas también se ganan desde la prisión, sino pregúntenle a Gregorio Santos. Solo necesita un gran candidato a la vicegobernación”.

Fuentes ligadas al movimiento regional Mi Región, que lidera Aduviri Calisaya, informaron a este matutino que están evaluando la estrategia para seguir participando en las venideras elecciones.

Hasta ahora se habría visto la posibilidad de postular a Aduviri junto a un vicegobernador con potencial de reemplazarlo en la campaña y la misma gestión regional.Ayer mismo, en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Puno, se improvisó una reunión con los dirigentes que respaldan a Aduviri, en donde se rechazó la decisión judicial que le baja posibilidades al líder aimara Aduviri.

El 26 de mayo de 2011, la huelga de los pobladores aimaras de la zona sur de Puno se agudizó con la toma de instituciones públicas, tal es el caso de la SUNAT, Prefectura, Contraloría General de la República y los almacenes de Aduanas.No obstante, en los días previos ya se sentía la intensidad de la protesta, pues una muchedumbre aimara se apoderó de las calles y plazas públicas para expresar su rechazo al proyecto minero Santa Ana.

Dicho proyecto empezó a trabajarse desde la década anterior en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, pero sin la aceptación de la población local.Los dirigentes denunciaron que una empresa extranjera (Bear Creek Mining) no podía ser concesionaria de una propiedad minera cercana a la frontera Perú - Bolivia.

Además, alertaron peligro de contaminación futura en la cuenca que les alimenta de agua y otros recursos.Durante el proceso de socialización, no se habría cumplido con todos los requisitos, pues finalmente el Gobierno de Alan García Pérez decidió cancelar la concesión.

Tras tres años de litigio, se hizo público el fallo del arbitraje ganado por la minera canadiense Bear Creek Mining al Estado peruano por el proyecto minero Santa Ana (Puno). El proceso legal, llevado a cabo por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordena al gobierno peruano a reconocer $ 24 millones 223 mil, que más los intereses fijados, supera ligeramente los $ 30 millones.

La ubicación del yacimiento, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, hacía necesario que el proyecto fuese considerado “de interés nacional” por el Consejo de Ministros, un paso que se concretó en el 2007, mediante un Decreto Supremo 032 que fue derogado cuatro años después (2011), tras múltiples enfrentamientos con la comunidad aimara, que lideraba Walter Aduviri.

El cambio de posición sin previo aviso, por parte del Gobierno, hizo que la minera llevara a un arbitraje al Estado peruano en el año 2014, en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú. 

Tras la decisión del CIADI, Bear Creek recuperará la concesión de Santa Ana. No obstante, según informa Semana Económica, la compañía se comprometió al iniciar el arbitraje que no avanzaría con la explotación del proyecto mientras no obtuviera la licencia social de las comunidades.

En específico, el Estado deberá pagar $ 18 millones 237 mil 592 como indemnización, con intereses capitalizados al 5 %, desde el 25 de junio de 2011, cuando se publicó el DS 032 hasta la fecha de pago, y reconocer el 75 % de los costos del demandante en el arbitraje; es decir, $ 5 millones 986 mil 183. En total, se tienen $ 24 millones 223 mil 775.

Los costos de arbitraje también serán capitalizados a una tasa de 5 %. El fallo incluye la opinión parcialmente discordante de uno de los árbitros, el profesor Philippe Sands. Bajo su punto de vista, suponer que el proyecto tenía todo para realizarse antes de la intervención estatal no es correcto debido a la conflictividad social en torno al mismo. Sands explica que la empresa no realizó suficientes esfuerzos para obtener la licencia social . 

Lo más leído