La reunión del congresista Raúl Machaca Mamani con miembros de la Asociación de Pequeños Empresarios de la Región Tacna (Apertac), desalojados en el 2019 por ocupar ilegalmente 35 hectáreas del Gobierno Regional de Tacna, ha desatado las críticas de quienes consideran que está avalando el negociado y el tráfico de terrenos.

Y es que el parlamentario publicó que en su primer día de la semana de representación visitó el terreno ubicado en Gregorio Albarracín, donde se encuentran las construcciones de estos supuestos microempresarios demolidas por orden del Poder Judicial.

Machaca incluso mencionó que constató los “daños causados a uno de los complejos productivos más importante de esta región” y que “es necesario una explicación de las autoridades de Tacna ante la afectación de una acción que daña la iniciativa privada, la micro y pequeña empresa, y la generación de puestos de trabajo”.

Cabe anotar que el terreno de 35 ha fue cedido en el 213 por la gestión del expresidente regional Tito Chocano de forma presuntamente irregular, razón por la cual la Fiscalía inició una investigación. Luego salieron a la luz denuncias de reventa de dichos lotes y vouchers de 5,000 soles que lo confirmaban.

POSESIÓN

En el 2014 el GRT dejó sin efecto la sesión del terreno pero los supuestos microempresarios se negaron a retirarse y es más bajo responsabilidad propia amurallaron y construyeron sus talleres para perennizarse en el lugar.

Luego de un largo proceso judicial, que llegó hasta la Corte Suprema, el GRT demostró que Apertac ocupaba ilegalmente el terreno por lo que logró que se ordene el desalojo y la demolición acciones que se concretaron en el 2019.

Correo se comunicó con el congresista sobre esta reunión y le consultó porque los avala teniendo tantos antecedentes negativos.

“Los delitos son individuales, si existen responsabilidades y delitos se deben identificar a los responsables y denunciarlos pero no se puede afectar a todos”, señaló el legislador por escrito.

Asimismo respecto a si está de acuerdo con el fallo del Poder Judicial que estableció que dicha posesión era ilegal respondió que “esa información se debe alcanzar; toda acción del estado se debe revisar, siempre buscando la justicia y evitar el abuso de autoridad. Nada está escrito en piedra y tampoco puede estar blindado”.