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Consorcio denuncia anomalías en licitación de represa de 35 millones

Representante de asociación de empresas de Cusco pidió la presencia de la Policía para constatación
Consorcio denuncia anomalías en licitación de represa de 35 millones

Consorcio denuncia anomalías en licitación de represa de 35 millones

06 de Mayo del 2017 - 09:30 » Textos: Redacción Tacna » Fotos: Correo

Una gravísima denuncia por el presunto direccionamiento de la licitación pública para ejecutar la represa Culanjahuira en la Municipalidad de Camilaca lanzaron ayer representantes del Consorcio Jergo, Jaime Quispe y el gerente general César Vilchez Zamalloa, provenientes del Cusco.

Los quejosos señalaron que se apersonaron el miércoles 3 de mayo al mediodía a la comuna en Camilaca, a fin de adquirir las bases consistentes en el expediente técnico y presentar su propuesta económica para ejecutar la obra de 35 millones de soles.

Grande fue su sorpresa cuando se encontraron que la oficinas en el interior se encontraban en su mayoría cerradas y nadie daba razón quien se encargaba de la venta del documento. Esgrimieron que habrían querido favorecer a una empresa no vendiendo las bases a otros postores.

AFECTADO. Siendo el último día para la compra de las bases y ante tremenda irregularidad, los ejecutivos del consorcio solicitaron la presencia policial, pero no había una dependencia en la localidad. Llamaron telefonicamente al juez de paz, pero este se encontraba en otro poblado.

Como prueba del vicio, los representantes del Consorcio grabaron un vídeo donde incluso se ve que no existe una mesa de partes en la comuna y solo atenderían en la oficina de enlace en Tacna.

Vilchez señaló que no es posible que una obra tan grande, de 35 millones, haya sido encargado a una municipalidad que denota tales niveles de ineficiencia, por lo que mejor debió ser llevada por la comuna provincial de Candarave o por el Gobierno Central.

El consorcio Jergo ha quedado imposibilitado de participar al no haber podido comprar las bases, por lo que ha anunciado acciones legales, empezando denunciar el hecho ante la Contraloría, la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado y la Fiscalía de Prevención del Delito.