Esto dijeron Gustavo Rondón y Ana Jara del aporte voluntario de Southern
Esto dijeron Gustavo Rondón y Ana Jara del aporte voluntario de Southern

Integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso y parlamentarios participantes, en la sesión descentralizada de dicho grupo de trabajo, cuestionaron la poca transparencia con que el Gobierno Regional de Tacna (GRT) recibió el aporte de 90 millones de soles de la minera Southern.

El presidente de la comisión Gustavo Rondón Fudinaga encabezó hoy la sesión realizada en el auditorio de la Universidad Jorge Basadre Grohmann, en la que subrayó que, las donaciones a las entidades públicas deben transparentarse estén o no en el marco legal.

La sesión se realiza luego de las denuncias formuladas por los consejeros, por la presunta ilegalidad de la donación al no contar con la aprobación del colegiado. Asimismo estaba en cuestión la obra vial Ticaco Candarave y el Proyecto Especial Tacna (PET).

En la actividad recién se supo que en base al convenio de cooperación interinstitucional entre el  GRT y Southern esta última entregará 90 millones de soles para constituir el denominado “Fondo de desarrollo Tacna”, con cuyos recursos la ONG Invertir, seleccionada por la minera, ejecutará proyectos para la región.

Rondón criticó la escasa comunicación entre el gobernador Omar Jiménez y los miembros del Consejo Regional (CR), quienes desconocen qué proyectos se están ejecutando y cómo se habían priorizado, máxime cuando el Gobierno Regional informó que ya hay proyectos en ejecución por S/.12 millones, que forman parte de una lista enviada a la Contraloría hace pocos días.

NADA CLARO

La parlamentaria Ana Jara Velásquez preguntó hasta en dos oportunidades al representante de la Contraloría, Paco Toledo Yallico, cuál era la modalidad por la que estaba ingresando dicho aporte y quién había priorizado qué proyectos debían ejecutarse.

Al final no quedó satisfecha, cuando el funcionario respondió que al no tratarse de montos en efectivo no necesitaba la aprobación del CR; pero que podría sí requerirlo si es que se iban a ejecutar “proyectos de inversión pública” o que demandaban gastos de operación y mantenimiento. Esta situación causó incomodidad en otros parlamentarios.