Otro escándalo remece la gestión de la gobernadora regional de Moquegua Gilia Gutiérrez Ayala. Una auditoría del Órgano de Control Institucional (OCI) reveló que el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) suscribió convenios colectivos ilegales en 2024, generando un perjuicio económico superior a los 4 millones de soles.

El Informe de Auditoría N° 050-2025 determinó que estas negociaciones carecían de viabilidad presupuestal y, de forma irregular, incluyeron a los propios funcionarios negociadores como beneficiarios.

Gobernadora no inicia acciones

Sin embargo, pese a que la gobernadora regional y el gerente del PERPG, Franz Flores Flores, fueron notificados de estas anomalías entre noviembre y diciembre de 2025, ambos omitieron iniciar las acciones legales ante la Procuraduría Pública.

Esta falta de diligencia de las autoridades otorgó una ventaja a los sindicatos del PERPG, quienes ante la ausencia de una demanda de nulidad acudieron al Poder Judicial para exigir el cumplimiento de los beneficios cuestionados.

Perjuicio económico al Estado

Es decir el Gobierno Regional de Moquegua al no haber actuado de oficio para invalidar los convenios quedó en una posición defensiva en los tribunales, enfrentando procesos legales por pactos que la propia Contraloría declaró contrarios a la ley.

Mientras el expediente permanece sin informes técnicos internos, los trabajadores se encuentran a la espera de cobrar beneficios económicos que carecen de sustento legal, dejando al Estado en una situación de alta vulnerabilidad financiera.

La gobernadora regional y el gerente del PERPG recibieron el informe de auditoría desde noviembre y diciembre del 2025, pero no iniciaron acciones legales.