Nuevo recinto penitenciario estaría listo en cinco años

En medio de la negativa generalizada por parte de los pobladores de Pocollay de impedir los trabajos de mejoramiento al interior del penal, el director nacional del INPE, Julio Magán Zevallos, se comprometió en iniciar los trabajos de reubicación de los reos a un nuevo penal para el que todavía no hay presupuesto ni mucho menos un terreno tal y como lo exige las especificaciones técnicas de la entidad estatal. 

“Decirles que vamos a hacer un penal nuevo aquí en la región (en el corto plazo), sería engañarles, no lo vamos hacer (...) pero lo que si nos comprometemos es que sí contamos con un terreno y con el compromiso de nuestro equipo de Infraestructura para lograr armar un proyecto para que se incorpore en la futura ley de presupuesto para poder obtener un penal nuevo; pero eso será posteriormente de aquí a unos 5, 6 o 7 años”, dijo Magán.

Según el jefe de estudios del INPE, Renzo Patiño, iniciar con los estudios para la construcción de un nuevo recinto penitenciario llevaría por lo menos 5 años, en el que se establecería un terreno específico, la elaboración de los estudios y la búsqueda de presupuesto para su construcción. Todo ello demandaría alrededor de unos S/.200 millones.

En la segunda sesión realizada en el auditorio municipal de Pocollay participaron las autoridades de la región, entre ellas los alcaldes de Inclán y Sama, en este último distrito, se había fijado una extensión de 30 hectáreas de terreno en Guillipata para la reubicación; sin embargo, su respuesta fue negativa, ante el temor de influir en el incremento de la delincuencia.

Un grupo de más de 20 pobladores, con pancartas en mano, ingresaron al auditorio para desestimar la posibilidad de emitirse la licencia que permita el mejoramiento del penal. La medida recién sería adoptada en un mes, con la nueva convocatoria.

PROPUESTAS

En la próxima sesión se tratará la elaboración de un reglamento de trabajo que será ejecutado por la Defensoría del Pueblo, así como acoger la iniciativa de los participantes de la mesa, entre ellos la posibilidad de reubicar a los internos a otras cárceles del país.