Alerta: Continua reprogramación de juicio del gobernador

Un hecho de presunta corrupción que ocurrió en el año 2009 y en el cual está envuelto el gobernador regional Wilmer Florentino Dios Benites, aún no puede ser resuelto por el sistema judicial de Tumbes, pese a que ya ha transcurrido una década.

Recién el seis de agosto del 2018 la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó ante el Poder Judicial iniciar la audiencia de control de acusación, por la exoneración del proceso de licitación para el desarrollo de una obra vial en el barrio San José.

Pues bien, con el transcurso de los meses esta audiencia se ha ido aplazando ante estrategias planteadas por los abogados defensores y a la vez, por cierta negativa por parte del representante de la Fiscalía para sustentar el pedido de seis años de cárcel consignados en los documentos.

Incluso, en agosto de este año, durante la audiencia por este caso, sucedió un hecho que llamó mucho la atención.

El fiscal Pedro Ruiz Sime se había negado a sustentar la acusación contra el gobernador de Tumbes y otros investigados por el delito de colusión en agravio del Estado.

El motivo fue la ausencia de un abogado defensor, por lo que – por increíble que parezca- el propio fiscal pedía la reprogramación.

El hecho provocó un cruce de palabras entre el fiscal y el juez Jaime Elías Lecarnaqué, del tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien lo instaba a que realice su trabajo al ser una audiencia inaplazable.

No obstante, Ruiz Sime -pese a que aparentemente estuvo en falta-, intentó recusar al magistrado, demorando aún más el proceso judicial contra el gobernador.

NUEVA FECHA

Si no se presenta un nuevo hecho inusual, el fiscal a cargo del caso, deberá sustentar el pedido de cárcel ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Cabe indicar que el juez Jaime Elías, a cargo del mencionado órgano jurisdiccional, es quien ha dictado prisiones preventivas para los involucrados en el desfalco en la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret) y recientemente contra el exgobernador Ricardo Flores y otros exfuncionarios acusados de colusión.

GRAVE 

Uno de ellos es la exoneración irregular de la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y drenaje pluvial en calles del barrio San José", por la que la entidad firmó un contrato de ejecución por S/ 7´461,147 con la empresa La Torre Contratistas Generales SAC, pero esta la dejó inconclusa.

Justificando que el barrio San José se encontraba en emergencia, el gobernador solicitó la exoneración del proceso de licitación al consejo regional y, posteriormente, se decidió a dedo que la empresa A&J Constratistas EIRL, la culminaría, pero esta vez con un monto mucho mayor, el cual ascendía a S/ 9´665,455.

En la actualidad, la infraestructura vial del barrio San José luce en mal estado, debido a que también hubieron irregularidades en la ejecución, perjudicando a miles de familias.

POSTURA

Es preciso señalar que el abogado personal del gobernador, Jorge Villarreal Pinillos, a la vez se desempeña como asesor de la autoridad, cobrando un sueldo en el gobierno regional.