Detectan 37 contratos ilegales en la Dret

De forma ilegal, la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret) ha contratado durante el presente año a servidores públicos en plazas orgánicas presupuestadas, así lo revela el informe N° 007-2019-OCI/0747-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la mencionada entidad.

GREVE

"Con ello se afectó la transparencia y legalidad de los actos de gestión pública", se lee en el informe.

Asimismo, el equipo del OCI ha concluido que los encargados de hacer estas contrataciones irregulares ni siquiera se tomaron la molestia de verificar el cumplimiento de los requisitos para ejercer cada cargo.

Es decir, en la actualidad existen varios trabajadores que se desempeñan en esas plazas direccionadas e incumplen con el perfil técnico requerido para un buen desarrollo del trabajo.

Hay quienes carecen de estudios superiores y especializados, pero igual ganan una buena remuneración, cuyos ingresos son pagados con el dinero de todos los contribuyentes.

Cabe señalar que estos hechos han venido ocurriendo desde inicio de año.

Por tal motivo, las irregularidades comprometen directamente a las gestiones de los exdirectores de la Dret, Esaú Mendoza Barreto y Santiago Loayza, así como el actual titular de la entidad, David Zevallos Zapata.

El informe en detalle ha sido entregado al director regional de Educación la semana pasada, a fin de que adopte las medidas correctivas.

PLAZAS

De ese modo, se precisaron una serie de cargos en las diferentes áreas, entre ellos asistentes administrativos, secretarias, relacionista público, abogado, tesorero, contador, chofer, director de gestión pedagógica, especialista en educación básica regular, etc.

"Al respecto, se ha identificado que de estos 58 cargos aprobados, la entidad cuenta con algunos cargos vacantes. Varios de ellos fueron lanzados a concursos y otros no", se precisa en el informe.

Por lo general, los motivos de vacantes es por la creación de plazas por cese por límite de edad, suspensión, sanción o encargatura.

Se identificó que en los cargos vacantes que no habían sido lanzados a concurso se había contratado personal transitorio.

"Cuyo ingreso a la carrera pública administrativa no se encuentra de conformidad con la obligación establecida en el Decreto Supremo N° 005-1990-PCM", refiere el documento al que Diario Correo tuvo acceso.

El mencionado decreto establece que el ingreso a la administración pública en la condición de servidor de carrera o servidor contratado para labores de naturaleza permanente, se efectúa de manera obligatoria mediante concurso. Además, es nulo todo acto administrativo que contravenga la ley y su reglamento.

Ante ello, existen irregularidades en puestos como el de director de sistema administrativo III (asesoría jurídica y dirección), relacionista público II, analista de sistemas PAD, entre otros.

El personal de OCI informa que no se ha logrado encontrar normativa que regule el llamado "contrato transitorio", situación que deviene en ilegal.

En total se detectaron 37 contratos ilegales en los que se favoreció a 20 servidores públicos, en algunos casos incluso se les ha renovado contrato hasta fin de año.

MÁS IRREGULARIDADES

Por ejemplo, Wienney Calderón Clavijo fue contratado mediante resolución regional sectorial N° 00816 de 10 de setiembre del 2019, para ejercer funciones como secretario II de la oficina de asesoría jurídica, a partir del dos de setiembre hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, dicha plaza fue convocada a concurso CAS, cuya ganadora fue Cecilia Ramírez Ramírez, quien se viene desempeñando en dicha área, mientras que Calderón se ahora labora como jefe de servicios generales, el cual dicho sea de paso, es un puesto inexistente, según el Cuadro para Asignación de Personal.

"Asimismo, se ha identificado que algunos cargos se encuentran vacantes desde hace más de un año, sin que hayan sido convocados a concursos públicos como lo señala la norma, lo cual afecta la transparencia de la entidad", se lee en los documentos.

Además, se ha colocado a personal en cargos de confianza que no existen.

El 14 de octubre, el personal del OCI solicitó al área de escalofón los legajos personales de varios trabajadores; sin embargo, ni siquiera se contaba con los documentos de los servidores Manuel María Dios Ipanaqué, especialista en educación; Italia Cesti Saldarriaga, especialista en educación; Juan Fajardo Solano, jefe de personal y Clarisa Flores Estrada, de la oficina de secretaría general.

Ante todas estas deficiencias el director de la Dret, David Zevallos Zapata, deberá comunicar al OCI, a través de un plan de acción, las medidas preventivas o correctivas que se adoptarán para el respectivo seguimiento de las mismas.