El OCI de la Dret detecta irregularidades en tecnológico
El OCI de la Dret detecta irregularidades en tecnológico

El Órgano de Control Interno (OCI) de la Dirección Regional de Educación, elaboró una alerta de control donde se detallan serias irregularidades en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Abelardo Quiñónez de .

HALLAZGOS. El equipo de auditores de la Contraloría detectó la gestión de contratos ilegales para la concesión de talleres y arrendamiento de aulas, manejo de chequeras que no se encuentran en poder del tesorero y deudas por concepto de servicio de electricidad y agua.

En el informe del OCI al que Correo tuvo acceso se detalla que el instituto contrató a un proveedor de servicio de “Infointernet”, cuyo representante legal era su servidor público, sin considerar los impedimentos que regula la normativa de contrataciones.

El instituto a través de la Dirección Regional de Educación (Dret), contrató el servicio “Infointernet”, prestado por el proveedor “Famas Soluciones Tecnológicas EIRL”, cuyo representante legal es César Farfán Masías, según se visualiza en consulta Sunat.

El OCI identificó que el representante legal de esta empresa labora en el tecnológico desde el año 2002 desempeñándose en el cargo de jefe de la Unidad Administrativa del instituto, desde enero del 2014 hasta diciembre del año 2017.

La citada empresa fue contratada por el instituto percibiendo un monto total de S/57,148,47, por el servicio de internet.

Complementariamente a esta irregularidad, el OCI de la Dret advirtió que en el contrato de servicio de Infointernet empresarial, suscrito por Ruben Montalván Jiménez, en representación del instituto, tiene la firma de la empresa Famas Soluciones Tecnológicas EIRL, pero no precisa a nombre de quien corresponde, esto con la finalidad de prestar el servicio sin inconvenientes.

Lo expuesto infringe la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Según el OCI, el hecho expuesto limita las labores de supervisión de la prestación del servicio de Infointernet, debido a que es prestado por una empresa cuya representación cae sobre un servidor público, encargado de manejar administrativamente el instituto, además de que ocasiona que el instituto no considere costos de otros proveedores del mismo rubro.

El órgano fiscalizador derivado de la Contraloría advirtió presuntas irregularidades en la gestión de contratos para el alquiler del taller de rectificaciones y de las aulas al instituto cultural peruano norteamericano, generan el riesgo potencial de incumplimiento de pago del arrendatario y uso diferente de sus ingresos percibidos.

El OCI detectó incongruencias debido a que los meses precisados en el contrato de alquiler son; del 01 de junio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, asimismo en una cláusula también se precisa que dicho periodo puede ser renovado y ante el incumplimiento del pago el contrato será resuelto.

La comisión de auditoria advirtió que mediante una carta N°001-2018, se le comunica al arrendatario que tiene una deuda de S/1,900.

Tal situación, evidenciaría que se ha generado el riesgo de que dicho monto no sea cancelado.

RIESGO POTENCIAL. El OCI detectó también que los cheques bajo la custodia de la servidora de Abastecimiento genera el riesgo potencial de que el manejo de la cuenta bancaria del instituto no se encuentre a cargo de las áreas competentes, además de que se podría dar un uso diferente a los recursos asignados y pérdida de los referidos documentos.

A través de los oficios N|031 y 052-2018 del 14 y 28 de febrero del 2018, se confirma de la tenencia de la chequera del instituto por personal que labora en el área de abastecimiento.

El OCI advirtió que la chequera se encuentra bajo la custodia de América Lozada Rodríguez, quien se desempeñó como jefa de abastecimiento del instituto, hecho que genera el riesgo de que el manejo de las cuentas bancarias sean administradas por el área no competente, por cuanto se emitieron los cheques cuya enumeración (651 al 700), se encuentran bajo su poder, conforme se visualiza en el extracto bancario del 31 de enero del 2018.

Sobre esta situación, la normativa detalla lo siguiente: La ley N°28693 del Sistema Nacional de Tesorería, en el artículo 42, especifica que la administración de los fondos debe efectuarse en la Tesorería y oficina que haga sus veces y su manejo debe realizarse a través de cuentas bancarias autorizadas por la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP).

Los hechos expuestos han evidenciado que una servidora del instituto mantiene bajo su custodia determinada chequera sin corresponderle, identificando que se emitieron cheques que forman parte de la referida chequera, lo cual genera el riesgo potencial de que el manejo de la cuenta bancaria no se encuentre a cargo de las áreas correspondientes, que sus fondos públicos se hayan utilizado indebidamente y que la referida documentación que sustenta las operaciones se extravíen.

DEUDAS. El ISTP adeuda por la prestación de los servicios de energía eléctrica, agua e internet, incumpliendo la normativa que regula la prestación de tales servicios, originando el riesgo de que su población estudiantil no cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas.

La deuda actual por el servicio de energía eléctrica asciende a S/17,870,80, según la documentación a la que accedió el OCI.

Sobre la deuda de agua y alcantarillado, se ha identificado que mediante carta múltiple N°001-2018/Aguas de Tumbes, comunicó al instituto, que el importe total adeudado por el referido servicio llega a S/5,873,80.

La deuda por el internet no ha sido especificada en la documentación.

Para el órgano de control las diferentes deudas ocasionan que los alumnos no cuenten con las condiciones básicas para el normal desarrollo de sus actividades académicas en su centro de estudios.

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