Exfuncionarios de la Dirección Regional de Educación podrían ir a la cárcel
Exfuncionarios de la Dirección Regional de Educación podrían ir a la cárcel

El Ministerio Público dio detalles contundentes sobre el desfalco cercano a los S/ 300,000 en la Dirección Regional de Educación de  (Dret), por medio de diez “servicios fantasmas” en los institutos tecnológicos y pedagógico del departamento fronterizo.

Este hecho, más las confesiones de jóvenes proveedores que presuntamente eran captados para efectuar los cobros, ponen en el ojo de la tormenta a los exfuncionarios de la Dret involucrados en este caso, quienes podrían perder su libertad en los próximos días.

De ese modo, ayer se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva de 18 meses contra los imputados de haber cometido el delito de peculado doloso. Dicha audiencia continuará hoy y mañana.

Según el juez Jaime Igor Elías Lecarnaqué, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, el veredicto sobre la prisión preventiva podría estar listo este miércoles, o a más tardar el jueves, dependiendo como avance la exposición del fiscal y la defensa técnica de los imputados.

Por el momento, ha sido el fiscal Jonathan Rivas Céspedes, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien ha expuesto los elementos de convicción para sustentar su pedido de prisión preventiva.

Se prevé que hoy inicie la participación de los abogados defensores.

De los fundamentos que expongan ambas partes, el juez Elías Lecarnaqué deberá tomar una decisión.

Este caso de corrupción es uno de los más emblemáticos que se registraron en el 2017.

GRAVE

Si bien es cierto el exadministrador de la Dret, Jhonny Lindao Feria, interpuso en setiembre del 2017 la denuncia ante el Ministerio Público, al parecer, el trámite habría sido realizado solo con la intención de evitar su responsabilidad en el caso.

No obstante, las confesiones de los jóvenes proveedores, quienes recibían entre 200 a 500 soles por efectuar el cobro de los cheques, comprometen seriamente la situación legal de Lindao Feria.

De acuerdo a algunos testimonios recabados por la Fiscalía, Lindao conocía de las operaciones efectuadas para el retiro del dinero, ya que era puesto al tanto mediante llamadas telefónicas que realizaba un intermediario, luego de consumado el hecho.

COBROS

El fiscal Jonathan Rivas relató parte de las confesiones realizadas por algunos jóvenes, quienes cobraron los cheques.

En solo cuatro casos en mención la modalidad fue similar, por lo que se infiere que era el mismo modus operandi aplicado para el desarrollo final de la transacción.

Los proveedores cuyas edades oscilan entre los 23 años, manifestaron que fueron captados por el ciudadano César Irwing Rojas Guevara y en otros casos por Riqui Ánthony Carrillo Balladares.

Ellos obtenían los números RUC y clave sol de cada uno de los jóvenes a cambio de dinero, además de acompañarlos a cobrar el efectivo, para luego entregárselo a Carlos Herrera Guevara, primo de Rojas Guevara.

Los proveedores cuentan que Carlos Herrera solía esperar en una camioneta color blanca, cerca al banco de la Nación, lugar en donde realizaban el trámite.

Con el dinero en un sobre, y acompañados por Rojas o Carrillo Balladares, el monto era entregado a Carlos Herrera, a quien los proveedores describieron con las mismas características físicas.

Una vez efectuado el trámite, Rojas Guevara llamaba a Jhony Lindao, para contarle que todo había salido según lo planeado.

Incluso en una ocasión, uno de los jóvenes le consultó a Rojas quién era Lindao Feria, a lo que éste último respondió que era el administrador de la Dret.

TRÁMITES

 En este proceso también están comprometidos los exfuncionarios que laboraban en la cadena presupuestal.

Lo llamativo de este caso es que en ninguna de las oficinas existen documentos que sustenten el pago de las diez actividades, sin embargo, sí aparecen colgados en el sistema administrativo.

Según el avance de las indagaciones, los institutos tecnológicos y el pedagógico de Tumbes no requirieron los servicios.

Pese a ello, el exjefe de presupuesto, Adolfo Ritter Moscol Zapata, certificó las actividades que nunca se efectuaron.

Junto a él, también está involucrado el exjefe de la oficina de contabilidad, Javier Girón Ramos, quien habría realizado los devengados de los diez servicios pagados.

En tanto, Rosa Arica Saavedra, del área de abastecimiento, habría elaborado las órdenes de servicios que al final fueron pagados.

HOMBRES CLAVE

Para que los jóvenes captados hayan podido retirar el dinero, los cheques debían poseer la firma de Wilfredo Chávez, especialista en educación del área de la dirección pedagógica y Manuel Vásquez Acosta, en su calidad de jefe de la oficina de tesorería.

Pues bien, en sus declaraciones al fiscal a cargo de las indagaciones, Wilfredo Chávez reconoce haber firmado los cheques.

“Asimismo precisa que en varias oportunidades ha firmado cheques a Carlos Herrera Guevara, los cuales no estaban a su nombre, pero los firmaba porque ya poseían la rúbrica del tesorero y porque confiaba que todo estaba bien. También manifiesta que desde el 2016 había firmado varios cheques a Carlos Herrera Guevara y a Irwin, ya que indica que éstos lo iban a ver a su oficina con varios documentos y pensaba que eran los documentos en físico y que no los revisaba” relata el fiscal Rivas, sobre las confesiones de Chávez.

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