Falta de interés contra la anemia y violencia escolar

Las políticas de lucha contra la anemia aún no son fortalecidas en la región, pese a tener una tasa significativamente alta que bordea el 47%, así lo ha confirmado la Defensoría del Pueblo en una inspección realizada a diferentes instituciones públicas de Tumbes.

Mas aun se vuelven evidentes ante la falta de concurrencia de las autoridades involucradas a las convocatorias de mesas de trabajo.

SUPERVISIÓN 

Así como 18 instituciones educativas, 11 centros de salud y 22 puestos de salud, donde se alerta que los gobiernos locales, no han implementado los lineamientos y estrategias establecidas por los planes nacionales de lucha contra la anemia y desnutrición crónica.

Es decir, no se ha considerado una prioridad en las gestiones municipales el cumplimiento de las metas para controlar y erradicar la anemia y desnutrición infantil en Tumbes.

Y es que según el panorama regional en Tumbes, existe un promedio de 8.1 % de menores de 5 años padecen desnutrición crónica, el 47.2% de infantes entre 6 y 36 meses de vida sufren de anemia y el 30% de mujeres gestantes, es decir 370 también sufren este mal.

Pero, para la Defensoría del Pueblo, es importante que no solo el problema se quede en estadística sino que sea resuelta mediante planes de acciones que se articulen en tres instancias relativas, alimentación de calidad, saneamiento y salubridad.

De ello, se desprende que el problema más concurrente es la falta del servicio de agua potable, no solo en viviendas sino también en instituciones públicas como los establecimientos médicos y los colegios.

En este caso, de las cinco municipalidades visitadas, se constató que solo San Jacinto cuenta con agua potable.

Además, se evidencia que solo Aguas Verdes y Casitas tienen un padrón nominal, y esta última municipalidad es la única que cuenta con una ordenanza que declara prioridad la lucha contra la anemia.

“Es importante la participación de todos los entes comprometidos en esta problemática, porque se requiere de un trabajo integral y si llegamos a la conclusión que el problema base es la calidad del agua, entonces allí es necesario que todos los niveles de gobierno influyan”, dijo el jefe de la oficina defensorial en Tumbes, Abel Chiroque.

Refirió que los afectados con anemia y desnutrición crónica deben ser monitoreados constantemente, a través de visitas médicas.

A ello se suma que de las 18 instituciones educativas visitadas, 12 no tienen agua potable, además se alerta que no cuentan con un diagnostico situacional de población estudiantil, sumado a ello, los padres y madres de familia no han cumplido con entregar a las instituciones educativas el tamizaje de hemoglobina de sus menores hijos, pesar que era un requisito para la matricula escolar.

En tanto, en el sector salud detectaron que 11 puestos de salud y 10 centros de salud no contaban con un plan de trabajo para la reducción y control de la anemia; pero, han cumplido con implementar estrategias.

Por otro lado, Abel Chiroque resaltó que el gobierno regional este proyectando una importante inversión de 33 millones de soles para combatir la anemia.

Pero alega que si no se articulan las intervenciones, contrarrestar las estadísticas actuales serán muy lentas.

EDUCACIÓN 

“Desde esa fecha no se ha ejecutado ni una sola actividad, los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) no han prestado el mínimo interés a pesar que la estadística revela que en el 2018 se propiciaron más de 80 casos registrados de violencia escolar, por eso estamos tomando la batuta como Defensoría del Pueblo”. dijo Chiroque.

A su turno, la adjunta para la niñez, Matilde Cobeña, manifiesta que muchas veces son los docentes los que prefieren no reportar los actos de violencia en sus escuelas y ante el programa del SiSeve del Ministerio de Educación, peor las escuelas privadas, las mismas que por temor a dañar su prestigio prefieren mantener en el anonimato sus sucesos.

“Es preocupante que no se haya reportado ningún caso en las escuelas privadas, y no necesariamente porque no ocurran estos episodios, sino porque lo ocultan, no tienen en cuenta los protocolos de acción y allí hay bastante por hacer. Como padre de familia se debe exigir que hayan los respectivos comité de tutoría”, detalló.

Resaltó que en esta reunión, se han tomado cuatro acuerdos; el primero es capacitar a las autoridades en general sobre los protocolos del Ministerio de Educación ante la violencia escolar ya sea entre estudiantes o situaciones de violencia hacia escolares por parte de docentes o personal administrativo.

Así mismo se establecerá la ruta de atención hasta fines del 2019 para afrontar la violencia escolar. Como tercer punto, se convocará a los directores de los colegios para conocer a detalle el panorama sobre esta problemática.

Y finalmente se brindarán charlas de manera individual por cada institución educativa para generar mayor impacto, por parte de todas las instancias comprometidas, como la Policía Nacional, Fiscalía y Centro de Emergencia Mujer.