A través del informe de control concurrente N° 664-2019-CG/AGR/CC, la Contraloría General de la República identificó dos riesgos en la obra “Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal La Peña”, que involucra a los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto en la región Tumbes, ejecutada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).

ALERTAPara la Contraloría, el PSI no cauteló que la elaboración, entrega y aprobación del expediente técnico final se realice de acuerdo a lo establecido en el contrato, y tampoco contempló que las acciones de contingencia y prevención necesarias se encuentren aprobadas previo a su realización, lo cual pone en riesgo a la población involucrada y se afecta la ejecución de la obra.

Los representantes de la Contraloría encontraron que no se habría cumplido con el plazo de entrega del expediente parcial y final, tardando este último alrededor de tres meses en lugar de los 30 días posteriores a la suscripción del contrato, como se estableció en el respectivo contrato.

También detectaron retrasos en los plazos de ejecución de partidas por falta de personal, maquinaria y logística por parte del contratista. Debido a ello, se realizó el “Acta de acuerdo de suspensión de plazo de ejecución de obra”, firmada el 13 de febrero.

Del mismo modo, se identificó que no se cauteló que la aprobación de análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de algunas partidas del expediente, se encuentren debidamente sustentados, generando así el riesgo del incremento del presupuesto y que se realicen pagos al contratista por trabajos e insumos que no estarían justificados.

De esta manera, se evidenció que tanto en el análisis de precios unitarios y de las especificaciones técnicas no se precisa con claridad cuáles son los materiales y accesorios que son necesarios para la ejecución de las partidas, por lo que no se habría sustentado cómo se determinó el costo.