Jueza y parte en caso de "La banda del Chino"

Actualizado el 19/11/2019 10:06 a.m.

La Sala Penal de Apelaciones de Tumbes, que revisará la solicitud de apelación de prisión preventiva contra siete presuntos miembros de “La Banda del Chino”, tiene como integrante a la jueza Susana Elena Mejía Novoa, quien es familiar de uno de los investigados.

Diario Correo pudo confirmar que la magistrada Susana Mejía es prima hermana del exadministrador del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), Pedro Mejía Reyes, acusado de colusión agravada, junto con el exgobernador Ricardo Flores y otros exfuncionarios, quienes en la actualidad se encuentran recluidos en el penal de Puerto Pizarro.

POSTURA

Desde el Ministerio Público se espera que una vez se formalice la solicitud de apelación de prisión preventiva, la jueza se inhiba del caso.

Asimismo, se busca que el grado de consanguinidad con uno de los imputados no afecte en la decisión que puedan tomar los demás integrantes de la Sala.

Cabe precisar que el mencionado órgano jurisdiccional de Tumbes en la actualidad es presidido por el juez Oswaldo Velarde Abanto e integrado por Susana Mejía y Alex Fernández Chuquilín.

Hace unos días, Pedro Mejía, Ricardo Flores y el exgerente regional Rodolfo Chanduví solicitaron una audiencia de apelación por la detención preliminar de siete días que había dispuesto el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.

Al iniciar la audiencia, el lunes 11 de noviembre, Susana Mejía se inhibió y en su reemplazo asumió la jueza Carmen Espíritu Cataño; no obstante, los abogados defensores desistieron del pedido de apelación, para enfocarse más en la audiencia de prisión preventiva.

SITUACIÓN LEGAL

El exgobernador Ricardo Flores, Pedro Mejía, así como los exfuncionarios Javier Rolando Salazar Llatas, Carlos Miguel Chiclayo Padilla, y Fernando Morán Lupú, están recluidos en el penal de Puerto Pizarro cumpliendo cárcel preventiva por 14 meses.

A ellos, junto a Rodolfo Chanduví, el contratista Luis Zevallos Barrios, el exasesor legal José Nole y el exgerente de desarrollo económico Adolfo García, se les investiga por presuntamente integrar una organización criminal.

El juez Jaime Elías Lecarnaqué dispuso comparecencia con restricciones en el caso de Nole Nunjar y García Ortiz.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desistió de solicitar prisión preventiva contra Chanduví y Zevallos por confesar culpabilidad y ser aspirantes a colaboradores eficaces.

Además, la Fiscalía había pedido 18 meses de cárcel preventiva para 7 integrantes de la banda, pero el fallo solo fue fundado en parte.