La Fiscalía en Lima ha pedido contra la exautoridad regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, 24 años de cárcel ante el Poder Judicial, por el delito de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir, según una investigación de la Contraloría General de la República.

Las indagaciones del órgano de control concluyeron que Gerardo Viñas defraudó al gobierno regional de Tumbes por supuestamente haber concertado con la empresa contratista A&J para favorecerla.

A dicha empresa le reconoció una liquidación de 9 millones de soles mediante una ilegal conciliación dentro de un proceso arbitral, en desmedro de los recursos públicos.

Junto a Viñas, la Contraloría denunció a 11 exfuncionarios regionales, entre ellos, el gerente de obras, Manuel Saavedra y el exasesor legal, Marco Córdova y otros.

La exautoridad lleva en la región Tumbes, la mayor cantidad de sus proceso por diferentes delitos, lo que aún no han sido concluidos a nivel fiscal.

DESCONOCIDO. A pesar que hoy en día, Gerardo Viñas es visto a nivel nacional, como el expresidente regional de Tumbes que desfalcó las arcas de la sede a su antojo, para darse los lujos que nunca antes tuvo; muy pocos saben como fue su vida antes de llegar a ser autoridad regional.

Este personaje que ha permanecido escondido de la justicia por dos años; purgó condena por terrorismo en diferentes regiones del Perú, intentó ser consejero por la agrupación política regional Faena y congresista por la región fronteriza.

Ahora pese a que el Ministerio Público está solicitando más de 20 años de cárcel por los delitos que cometió en agravio del Estado, pretende llegar a ser Presidente de la República, según a manifestado su hija Lucía en diferentes medios de comunicación regional.

TERRORISMO. La familia Viñas Dioses ha vivido en la calle 24 de Julio del barrio El Recreo de donde la exautoridad salió para forjarse un nuevo destino junto a su esposa y sus primeros tres hijos.

Sin embargo años después acusado de ser miembro de la Escuela Popular y del Comité de Aniquilamiento de Sendero Luminoso en Tumbes, y de participar en el asesinato de un policía.

El 29 de abril de 1994, Gerardo Viñas junto a un grupo de personas fue sentenciado a diez años de pena privativa de la libertad, sin embargo solo cumplió 8 años.

Viñas salió en libertad en febrero de 2001 al recibir el indulto del expresidente de la República, Valentín Panigua Corazao, cuando era ministro de Justicia, Diego García Sayán; dos años antes de cumplir su pena.

Tras un juicio contra el Estado Peruano fue indemnizado con la suma de 189 mil 850 soles a través de una sentencia consentida por la Sala Civil de Tumbes.

En dicho proceso estuvo como jueza a Jennifer Maldonado quien era pareja de su exabogado y exasesor legal del GRT, Marco Córdova Rivera.

El demandante (Gerardo Viñas) alegó que durante los ocho años que se le privó de la libertad, se vio afectado su actividad económica a través de su negocio “Bar cevichería”, sus estudios en la facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Tumbes. Además de generar un grave daño moral y familiar.

POLÍTICA. Al salir libre, el ciudadano tumbesino tuvo dos intentos fallidos en pertenecer a la política, intentó ir como consejero regional en la lista de la Agrupación Política Regional Faena, sin embargo no fue aceptado porque aún figuraba como procesado por terrorismo. Los coordinadores del movimiento no aceptaron su inscripción.

Además fue uno de los postulantes al Congreso de la República por Tumbes, no logrando obtener los votos necesarios para una curul.

Además se perfilaba en esos años como regidor de provincial de Tumbes. Al estar como ave de paso en varias agrupaciones políticas creó su propio partido político así nace “Luchemos por Tumbes”, partido que lo llevó a obtener el sillón regional.

Como presidente regional y con el lema “Sirviendo al pueblo de todo corazón” vuelve a ser vinculado con el terrorismo, peor aún al pedir la excarcelación del máximo cabecilla terrorista, Abimael Guzmán y respaldar la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en el Jurado Nacional de Elecciones.

Faltando pocos meses de concluir su periodo de gestión y a un día de que se desarrollara su audiencia donde el Ministerio Público dictamina prisión preventiva en su contra y su detención en el penal de Puerto Pizarro.