Ordenanzas regionales del 2019 son letra muerta

Los consejeros del departamento de Tumbes registran una baja producción de ordenanzas regionales. En lo que va del año solo han logrado establecer 12, pero solo tres de ellas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano, para su respectivo cumplimiento; en vista de ello, la mayoría son letra muerta.

Es preciso señalar que el Estado invierte más de S/ 360 mil anualmente en el pago respectivo de los siete fiscalizadores del Gobierno Regional de Tumbes (GRT); no obstante, la labor que vienen desempeñando ha sido cuestionada por más de un ciudadano.

Diario Correo pudo conocer que los consejeros han participado de 22 sesiones extraordinarias y 10 ordinarias. Estas últimas solo se realizan una vez al mes.

Asimismo, los fiscalizadores registran 69 acuerdos de consejo, los cuales son disposiciones que tienen un cumplimiento administrativo solo a nivel del pliego; es decir, dentro del GRT y sus respectivas direcciones.

PROBLEMAS

Dejó entrever que el gobernador junto a sus funcionarios estarían incurriendo presuntamente en el delito de omisión de funciones.

"Solo dan prioridades a las ordenanzas que les son necesarias al Ejecutivo, el área de presupuesto debe asignar los recursos, quizá no les conviene", sostuvo.

Asimismo, indicó que "la norma es clara, no puede existir una ordenanza o una ley si no es publicada".

Por otro lado, cabe mencionar que Antonio Espinoza preside la Comisión de Presupuesto, la cual solo tiene dos informes elaborados y 67 oficios.

"Como consejero, de manera independiente, también he generado 28 oficios solicitando información a diversos funcionarios sobre presuntas irregularidades en la entidad", precisó.

Agregó que también se ha remitido información a Contraloría y Fiscalía. Entre los casos más resaltantes figuran las deficiencias en el proceso CAS del Hospital Regional de Tumbes.

La baja producción de informes no es un hecho independiente de la Comisión de Presupuesto, sino de todas las comisiones del Consejo Regional de Tumbes.

Las comisiones de anticorrupción, infraestructura, desarrollo económico y desarrollo social, son presididas por consejeros faenistas.

Una de las más cuestionadas es la Comisión de Infraestructura, la cual preside el consejero George Díaz y la integran Albino Ortiz Zárate y Alexis Santamaría Pupuche.

Algunos ciudadanos tienen la impresión que el desarrollo de los proyectos a cargo del GRT, no son fiscalizados a cabalidad. Sin embargo, George Díaz manifestó que sí se viene supervisando in situ.

"Recientemente hemos detectado que el residente y el supervisor de la obra de pavimentación de la avenida Mariscal Castilla se ausentan, generando un riesgo", dijo.

ordenanzas. La primera ordenanza fue publicada oficialmente en febrero de este año y gira en torno a la aprobación de un protocolo del sistema de alerta temprana ante inundaciones de los ríos Tumbes y Zarumilla.

De ese modo, se dispuso que los gobiernos locales, el GRT, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), la Autoridad Local del Agua, el Insituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), efectúen acciones preventivas.

Si bien esta ordenanza rige en toda el departamento fronterizo, no es cumplida al cien por ciento por todas las instituciones públicas involucradas.

Por ejemplo, hay comunas que aún no invierten su presupuesto destinado a acciones de prevención ante un posible desastre.

La segunda ordenanza tiene que ver con la aprobación del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

La medida fue dada en marzo, y para su cumplimiento se comprometió a las gerencias de presupuesto, infraestructura, desarrollo social, económico, entre otras.

En ese caso sí se efectuó el cumplimiento, en coordinación con representantes de la sociedad civil, para priorizar las obras que se ejecutarán durante el año fiscal 2020.

Dentro de ellas destacan obras de pavimentación y colegios.

La tercera y última ordenanza publicada se hizo efectiva en junio. Los consejeros aprobaron por espacio de un año, una amnistía para los vehículos mayores y menores internados desde hace 15 años en el depósito de la dirección de Transportes.