La audiencia ha sido fijada para el 27 de agosto. La jueza Carmen Espíritu ahora integra la sala penal.
La audiencia ha sido fijada para el 27 de agosto. La jueza Carmen Espíritu ahora integra la sala penal.

Tras media hora de sesión, el Poder Judicial suspendió la audiencia de apelación contra el gobernador regional y otros implicados por un caso de delito de colusión en agravio del Gobierno Regional de Tumbes debido a la inhibición del presidente de la Sala Penal de Apelaciones y la inconcurrencia de algunos abogados defensores, así se informó de manera pública la entidad judicial.

En la audiencia, se hizo saber la decisión del juez Julio Ernesto Tejada Aguirre, luego que este fuera denunciado por el consejero regional Antonio Espinoza Soriano ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la ciudad de Lima, por tener más de seis meses encarpetado el expediente sin darle el trámite que corresponde.

La audiencia fue reprogramada para el 27 de agosto a las 9:00 de la mañana, así lo dispuso el juez Oswaldo Velarde Abanto quien tomó la presidencia de la sala tras inhibirse de participar Julio Tejada. Esta sala la completan Susana Mejía Novoa y Carmen Espíritu Cataño.

Este proceso de apelación gira entorno a la sentencia en primera instancia donde se le impuso cuatro años de prisión efectiva que quedó suspendido tras la apelación del gobernador de Tumbes, Wilmer Dios Benites por delito de colusión, donde a la vez se investiga a otros funcionarios y exservidores de la primera gestión regional.

Sin embargo, el mandatario tras participar de las actividades protocolares por el Bicentenario dijo estar tranquilo y confía que saldrá libre de este proceso judicial.

“Yo creo que hay que confiar en la justicia, yo espero que la administración de justicia tenga que resolver de acuerdo a su criterio y a todas las pruebas que se encuentran”, expresó.

Sobre la investigación en contra de Dios Benites, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción acusa al gobernador de colusión por las irregularidades en una obra de infraestructura vial que generó perjuicio económico a la entidad y benefició al contratista a cargo de los trabajos deficientes.

Ya en primera instancia el Poder Judicial dispuso la pena de cuatro años de prisión para Dios Benites y otros investigados; sin embargo, la pena no se hará efectiva hasta que la Sala Penal de Apelaciones confirme esta decisión.

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