Tumbes: Detectan cerca de S/ 450 mil de perjuicio en municipalidad de Papayal

Un perjuicio económico de S/ 449,600 en la Municipalidad Distrital de Papayal fue el que detectó la Contraloría, debido a que la entidad pagó, por concepto de canasta familiar, S/ 300 mensuales a funcionarios y servidores desde el año 2011 hasta el 2020, contraviniendo la normativa aplicable.

Además, se identificó la presunta responsabilidad civil y administrativa de doce exfuncionarios ediles.

GRAVE

Según el Informe de Control Específico N°033-2021-2-0476-SCE, el 14 de enero del 2011, siete trabajadores nombrados y contratados permanentes de la municipalidad, suscribieron una solicitud por la entrega de un vale mensual por alimentos, equivalente a la suma de S/ 300, sustentando su pedido en que desde octubre del 2009 venían percibiendo S/ 200 por el mismo concepto.

La mencionada solicitud, luego de ser derivada a la jefa de Administración y al jefe de Presupuesto y Contabilidad, fue aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 016-2011-MDP-ALC de 28 de enero del 2011, en la que también se señala que la canasta familiar se entregaría durante el mencionado año fiscal a todos los trabajadores nombrados y la fuente de financiamiento sería canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.

Sin embargo, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 prohibía el reajuste o incremento de remuneraciones y beneficios de toda índole; es decir, esta entrega de canasta familiar estaba prohibida por la normativa vigente. Sumado a ello, se verificó de la revisión a las planillas de pago que este beneficio también fue entregado a los trabajadores contratados permanentes y funcionarios de confianza, desde enero del 2012 hasta diciembre del 2020; a pesar de que la resolución solo contemplaba el año 2011 y a los trabajadores nombrados.

Estos hechos, que beneficiaron indebidamente a un total de 44 servidores y funcionarios, entre el 2012 y 2020, ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/ 449,600. Los 12 exfuncionarios que tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa, son cinco exgerentes municipales; una exjefa de administración; dos exjefes de planificación, presupuesto y contabilidad; tres exjefes de la unidad de planeamiento y un exjefe de presupuesto.