El Parlamento de Venezuela, presidido por Juan Guaidó —autoproclamado presidente encargado—, y dominado por una contundente mayoría opositora, aprobó este martes la ley que regirá el país en el caso de una eventual transición de poder, la misma que entrará en vigor en la jurisdicción venezolana a partir del momento en que Nicolás Maduro se aparte del poder.
La llamada Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, como fue denominada, establece la duración de un Gobierno transitorio, además de sus competencias económicas y políticas.
El texto aprobado por los representantes venezolanos dispone que deberán ser convocadas elecciones antes de que se cumpla un año de haberse instalado el Gobierno transitorio. Asimismo, indica que deben ser renovados los poderes públicos, incluido el electoral, para hacer efectivo el llamado a comicios.
La norma faculta a la Asamblea Nacional para garantizar "el ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio", una alusión al levantamiento de la inhabilitación política que recae sobre varios líderes opositores, entre ellos el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles.
La aprobación de la ley fue anunciada también por Guaidó a través de Twitter:
¡Punto aprobado!Desde la @AsambleaVE aprobamos la Ley del Estatuto que rige la transición hacia la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, con la que sentamos las bases para regir la transición democrática una vez cese la usurpación. #SesiónAN
— Juan Guaidó (@jguaido) 5 de febrero de 2019
El texto se desgrana en 6 capítulos y 40 artículos, 4 más de los iniciales una vez que fueran agregados los que autorizan al Legislativo para conformar la directiva de la estatal Pdvsa y sus filiales, controlar activos recuperados, establecer una "gaceta" informativa y resolver todo lo que no haya previsto el estatuto.
El diputado y exjefe de la Cámara, Omar Barboza, calificó el documento como "indispensable" para la transición, y remarcó que establece "la ruta jurídica y política" para esta se haga "respetando el marco constitucional".