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La expresidenta autoproclamada de Bolivia Jeanine Áñez se ha negado a prestar declaración este miércoles desde la celda en la que se encuentra, como parte de la audiencia previa a los cuatro juicios de responsabilidad por su gestión entre 2019 y 2020 al frente del Palacio Quemado
“La señora Jeanine Áñez ha decidido abstenerse de prestar su declaración informativa, haciendo uso de un derecho constitucional”, ha explicado el fiscal Gonzalo Añaricio, un día después de que se cumpliera un mes de su entrada en la prisión de Miraflores, en La Paz, en donde deberá permanecer otros cinco más.
“Voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y sobre Bolivia”, dijo un día antes a través de una carta en la que subrayó su condición de “presa política”.
Áñez permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019, que provocó la salida del expresidente Evo Morales del país tras ser acusado por la oposición y parte de las Fuerzas Armadas de fraude electoral.
Además de contra Áñez, la Fiscalía emitió órdenes de detención contra cinco de los que fueron sus ministros por cargos relacionados con la asonada. Hasta ahora, tres de ellos -Arturo Murillo, Fernando López y Yerko Núñez- permanecen en paradero desconocido.
El abogado de Áñez, Ariel Coronado, ha confirmado que no responderá a las preguntas de los fiscales hasta que estén en posesión de “todos los documentos” para poder preparar la defensa. “Nos vamos al silencio”, ha recalcado, según publica el diario boliviano ‘Página Siete’.
Entre las acusaciones a las que tendrá que hacer frente Áñez están querellas por el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea boliviana, así como otros de atentado de los Derechos Humanos y a la salud pública en relación a las decisiones que tomó durante la crisis sanitaria.
Para ser remitidos al Tribunal Supremo, los juicios de responsabilidades deben tener el visto bueno de dos tercios de la Asamblea, controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que deberá contar con apoyos entre la oposición para que puedan salir adelante dichos procesos.
No obstante, en el ‘caso golpe de Estado’ Áñez irá directamente a juicio, puesto que durante su supuesta participación en la asonada ejercía como senadora.
Fuente: Europa Press
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